Estamos en época de curriculum cuestionados (cuando no directamente fraudulentos) y también de convocatorias de plazas de funcionarios después de algunos años de sequía justificada por la crisis. En este último punto hay que evitar volver a las andadas y caer en los bandazos: en el empleo público hay que seguir políticas de largo plazo que mantengan abierta esa vía a todas las generaciones, no sólo a las que han tenido la suerte de encontrar una coyuntura de vacas gordas. De lo contrario, sólo se consigue distorsionar el mercado laboral y que periódicamente se produzcan jubilaciones masivas.
Pero en esta coyuntura también es útil recordar el desastroso resultado de las reformas educativas en el ámbito que me resulta más cercano, el jurídico.
Para empezar, la reforma de "Bolonia" se ha traducido en un colosal timo para los estudiantes. Antes de esa reforma, existía el título de Licenciado, que se obtenía fundamentalmente en universidades públicas a un precio relativamente bajo -las tasas sólo cubren una parte pequeña del coste real de los estudios-. Los másteres eran un complemento no necesario y normalmente quienes los cursaban no eran recién licenciados, sino profesionales con algunos años de experiencia que querían enriquecer su curriculum (por ejemplo, ingenieros para pasar a ocupar cargos de gestión).
Ahora es necesario obtener un Grado y un Máster para llegar a lo que antes era la licenciatura. De hecho, en la clasificación oficial de títulos académicos del Ministerio de Educación, a las antiguas licenciaturas se les ha reconocido el nivel de los másteres. Por tanto, el título que las Universidades ofrecen en lugar de la licenciatura (el grado) se ha devaluado. En cuanto a los másteres, en muchos casos resultan mucho más caros, puesto que, aunque existen másteres oficiales, no pocos estudiantes que antes habrían cursado una licenciatura en una universidad pública, ahora se matriculan en carísimos másteres privados que les ofrecen el señuelo de una "bolsa de empleo" final, en lo que supone una triste forma de pagar por la esperanza de un puesto de trabajo futuro. En no pocas ocasiones se montan auténticos negocios en los que se cobra a los estudiantes y a la vez a empresas y despachos por hacerles publicidad colocando a sus miembros como profesores, y todo ello se adereza con el pago de royalties a alguna Universidad norteamericana de prestigio para que el título tenga un marchamo internacional, aunque se imparta en España (hemos visto ejemplos en los últimos días). Lo que menos importa es qué se enseña y qué se aprende.
Por otro lado, mientras que la antigua licenciatura era polivalente y no condicionaba las opciones futuras de su titular, ahora el alumno sí se ve obligado a elegir, por ejemplo, entre cursar un Máster o comenzar a preparar oposiciones, o a elegir entre un máster u otro, porque no todos sirven para lo mismo, obviamente. En la práctica, y a la vista de las dificultades que existen para obtener empleo en ámbitos como el Derecho, lo que se observa es una agravada "titulitis", con graduados que cursan dos o más másteres antes de empezar a trabajar. Esa chocante situación, que tantas veces se ha denunciado durante la crisis (sobre todo cuando el portador de todos esos títulos sigue sin encontrar trabajo y decide emigrar), no ha remitido en estos últimos años, y en mi opinión no garantiza la excelencia de la formación, sino que más bien es una trampa en la que se ha hecho caer a los estudiantes, como consecuencia de las reformas académicas, de los intereses creados que existen en ese mundo y del exceso de oferta en el mercado de trabajo, que no resulta contenido en absoluto por estudios que son poco selectivos (es decir, que no tienen grandes barreras de acceso ni a lo largo de los mismos).
Países como Alemania, Francia e Italia (nada menos) han mantenido en cinco años la duración de las enseñanzas universitarias obligatorias de Derecho. En España, no sólo la Medicina sino también las ingenierías también eludieron, en la práctica, la reforma de Bolonia, porque lo que hicieron fue mantener la duración y estructura de los antiguos títulos, sólo que ahora tienen dos etapas fusionadas, la del Grado y la del Máster. Esa idea de crear un título integrado, que incluya el Grado y el Máster, fue defendida también para el Derecho por la comisión de expertos que se creó en el Ministerio de Educación en la legislatura anterior, siguiendo el ejemplo de Alemania, Francia e Italia y permitiendo paliar la formación que ahora se ofrece en el Grado, indudablemente demasiado corto.
Y es que cualquiera que tenga una mínima experiencia en este campo puede comprobar que los estudiantes disponen ahora de mucho menos tiempo para estudiar una materia más compleja. Frente a lo que sostienen los partidarios de que "cualquier tiempo pasado fue mejor" y de que "antes estudiábamos más y todo era más difícil", lo cierto es que el Derecho español es muchísimo más complejo ahora que en los años 60 o 70 del siglo XX. Por mencionar un solo dato, la incorporación del Tribunal Constitucional, el Derecho comunitario y el Derecho autonómico (que sencillamente no existían hasta los años 80) supone algo así como comparar un cuadro en dos dimensiones con una escultura tridimensional. No sólo ha aumentado (que también) el número de normas, es que se ha incrementado (y mucho) la complejidad del sistema. Por poner otro ejemplo que todos tenemos reciente, el fenómeno de la anulación de las cláusulas suelo (con lo que ha supuesto para los ciudadanos, los jueces y los abogados) no habría existido, sencillamente, en un ordenamiento sin Derecho comunitario y en el que la última palabra correspondiera al Tribunal Supremo.
Pues bien, si comparamos el tiempo que un alumno actual tiene para estudiar ese objeto tan complejo con el que tenían los estudiantes de Derecho de la generación de sus padres, vemos que se ha reducido a menos de la mitad. Por un lado, porque el Grado es algo más corto que la Licenciatura (4 años frente a 5). Después, porque la dedicación de parte del tiempo a optativas reduce el tiempo dedicado a lo principal, sin proporcionar, en la práctica, una especialización que sirva realmente para algo. Además, porque casi el 40% del tiempo se dedica obligatoriamente a prácticas, que muchas veces sólo sirven para sobrecargar a los alumnos con trabajos no siempre útiles, cuando aún no han podido adquirir el suficiente bagaje como para poder o deber practicarlo.
El resultado práctico es que los libros de texto que hace años resultaban de uso corriente, ahora se antojan dificilísimos (auténticos "ochomiles") para unos alumnos que realmente están agobiados por el trabajo.
Se da la paradoja de que durante el Grado los profesores "profesionales" se ven obligados a hacer de juristas prácticos, a veces de manera artificiosa, y después, en los Másteres, profesionales de todo tipo (no existe ningún control de acceso) hacen de profesores con resultados muy desiguales.
Hace años que se propone una vía relativamente sencilla para mejorar algo los estudios de Derecho, aunque la resistencia de muchos grupos de interés garantiza que nunca será adoptada. Se trata de adaptar dos modelos de éxito: el MIR (que cambió para bien el acceso a la profesión médica) y el examen de Estado alemán. La idea es que al culminar los estudios universitarios el alumno tenga un examen final, organizado al margen de las Universidades y de forma unitaria en todo el ámbito estatal, que proporcione a todos los aprobados una nota que les permita el acceso tanto a la profesión de abogado como a las restantes profesiones jurídicas, porque ese examen sustituiría a las actuales oposiciones, constituyéndose en una especie de oposición única, que serviría para acceder, por orden de calificación, a la plaza o profesión elegida.
De ese modo, no se obliga a los alumnos a elegir antes de tiempo. También se evita el terrible coste de oportunidad que supone preparar durante años una oposición y suspenderla sin obtener nada a cambio. Todos preparan el mismo examen y, si no consiguen la profesión a la que aspiran en primer lugar, optan a otra diferente, sin que hayan perdido el tiempo. Naturalmente que algunas profesiones jurídicas requieren contar con conocimientos específicos, pero se pueden enseñar después, en un máster o curso ad hoc (todo lo difícil que se quiera) dirigido sólo a quienes han superado el examen de acceso a esa profesión, como se hacía hasta hace no tantos años en las Escuelas de Ingenieros, que también tenían una prueba de acceso. No se trata en modo alguno de facilitar la entrada a ningún cuerpo o profesión, sino de cambiar el actual examen de acceso a la abogacía (que no sirve para nada, porque la única información que proporciona es un "apto" o "no apto" y sólo ha llevado a generar burocracia alrededor de los másteres y del propio examen) por una prueba general que proporcione a quien la supere una nota que constituya un importante activo en su curriculum.
Por otro lado, se mejoraría indudablemente la calidad de la enseñanza universitaria, puesto que sería posible medir esa calidad de forma externa y además sencilla (sin todo el mercadeo, la burocracia y el fraude que actualmente rodean a no pocos rankings). Si una universidad tiene un nivel bajo, quedará en evidencia por los resultados obtenidos por su alumnos y tendrá que cambiar, mientras que actualmente se llega al resultado casi contrario, porque muchos de esos centros tienden a atraer alumnos que huyen de otras más difíciles, sin que ello suponga merma de prestigio, salvo para los que conocemos estas instituciones desde dentro.
