La Administración lleva restringiendo la actividad de la pesca ligada al ocio (desde lancha, submarina, de pedreru) hace décadas. La última prohibición ha sido la de la anémona: regulada por primera vez el año 2016, se ha permitido a los profesionales arrancar 20 kg diarios, ni una sola pieza a los paseantes.
Quienes hacen de la pesca un ocio se sienten perseguidos por la Administración. Sobre las crecientes prohibiciones, han visto cómo se pasaba, de unos derechos inmemoriales (podrían remontarse a la prehistoria) sobre el borde marítimo, a la situación actual. Pero lo peor es que muchas de las proscripciones no tienen como motivo la situación de las especies pescables, ni la presión sobre el recurso (pese al número de licencias, la ocupación de los pedreros, por ejemplo, no llega a 0,87 personas por día de marea), ni la capacidad piscatoria ("Pescador de vara, pescador de nada?", dice el refrán), sino lo que el Gobierno entiende que es "el derecho único de los profesionales sobre todos los bienes de la mar", como si las palabras del Génesis (I-28) hubiesen sido dictadas para ellos.
Por otro lado, sobre tradiciones y costumbres, lo que ampara el derecho de los practicantes del ocio pesqueril es que los frutos del mar y del pedreru son res nullius, bienes mostrencos. Bien está que por razones sociales, hacendísticas y de otro tipo, el Estado atribuya la exclusividad de la pesca masiva y su comercialización a un gremio, pero no hay ninguna para atribuirle la exclusividad de un bien, privatizarlo.
LA NUEVA ESPAÑA ha mostrado, además, durante dos días y en un extenso reportaje, que la pesca deportiva o del ocio, en sus tres ramas, representa casi la mitad del valor económico de la profesional y que crea la mitad de empleo, y sin subvenciones. Y será su valor creciente en el futuro.
No sólo derecho, pues, perres y empléu tamién.
