La moción de censura es un clásico instrumento parlamentario que, como su propio nombre indica, sirve para censurar la acción del Gobierno con la finalidad de causar su cese. Pero el éxito de la moción crea un vacío de poder, por lo que algunas constituciones -entre ellas la nuestra- pretenden evitarlo estableciendo una moción de censura "constructiva", que exige para su presentación la inclusión de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Si la moción es aprobada por mayoría absoluta, cesa el Presidente censurado y de inmediato ocupa su vacante dicho candidato. Como es fácil suponer, el problema para la oposición no radica tanto en ponerse de acuerdo para censurar a un Gobierno en minoría, como en decidir quién ha de ser el candidato a incluir en la moción, o sea, quién ha de ser el posible nuevo Presidente. En pocas palabras, la moción de censura se implanta como "constructiva" para dificultarla e incluso para que fracase y pueda continuar gobernando en minoría el Presidente.
Si ahora y de manera excepcional ha triunfado la moción de censura es porque sus votantes la convirtieron en "destructiva". Pesó más la idea de botar a Mariano Rajoy de la Moncloa, que la de votar a Pedro Sánchez como su sustituto en la Presidencia, sin importar qué programa proponía o qué gobierno pretendía formar. La justificación que se da para presentar esta moción es la sentencia del "caso Gürtel", que señala al PP como una trama institucionalizada de corrupción, pero, en realidad, el origen está dos años antes, en la investidura en falso de Rajoy como Presidente.
Tras las dos últimas elecciones generales (diciembre de 2015 y junio de 2016) el proceso de investidura para elegir Presidente del Gobierno se concibió por PSOE y Podemos como una retroactiva moción de censura constructiva contra los gobiernos de Rajoy. La política de recortes y los significativos casos de corrupción habían privado al PP de una mayoría absoluta en el Congreso, pero su grupo parlamentario seguía siendo la minoría con más diputados. Había una mayoría absoluta contra el PP y singularmente contra el candidato Rajoy, pero no hubo un pacto dentro de esa mayoría para investir a un candidato alternativo. Fracasaba ese sucedáneo de moción de censura constructiva. La cuestión es que formalmente se trata de un proceso de investidura y bastaba para ser Presidente obtener el voto favorable de la mayoría simple del Congreso (más síes que noes), pero Rajoy tenía más votos en contra que a favor. Sólo pudo alcanzar la Presidencia por carambola, gracias a una grave crisis en el PSOE que desbancó a Sánchez de su dirección y a que la Comisión gestora creada obligó a los diputados socialistas a abstenerse en la votación de la candidatura de Rajoy, ante la amenaza de unas nuevas elecciones (las terceras en un año). Pedro Sánchez dejó su escaño antes de someterse a esa humillante disciplina. Por tanto, si extraña fue la pasada moción de censura, no lo fue menos la última investidura presidencial de Rajoy.
El mérito de Pedro Sánchez es enorme, porque consiguió viajar hacia atrás en el tiempo y remediar lo acontecido. Volvió a ser secretario general del PSOE, volvió a ser candidato a Presidente del Gobierno, le dio la vuelta a la vergonzosa abstención general de los diputados socialistas en la investidura presidencial de Rajoy para volver a decir "no es no" y consiguió el apoyo negado antes por Podemos y por otras fuerzas políticas para convertirse en nuevo Presidente del Gobierno. Para llegar a este punto no hacía falta que un tribunal certificase el cáncer de corrupción instalado en la organización del PP; sin anatomía patológica judicial era ya sobradamente conocido en 2015. La sentencia fue una excusa para reparar los errores del pasado cometidos por el PSOE, por Podemos y los independentistas en los dos últimos procesos de investidura.
El problema es que ahora hay que viajar al futuro y la única manera de seguir juntos sin remover el avispero es seguir regresando al pasado para reescribirlo. Ése es el programa del nuevo Presidente: reformar la ley mordaza, eliminar las restricciones al acceso a la sanidad universal, cambiar el funcionamiento de RTVE, rescatar las políticas activas de empleo; en fin, desandar el camino andado por PP y Ciudadanos. Las demás promesas son un brindis al sol o al PNV, teniendo en cuenta la inconcebible asunción de los Presupuestos generales del PP. Pero la piedra que Sánchez se encontrará en ese camino y que no podrá remover con sus compañeros de viaje es el proceso independentista. Si la Generalitat persiste en sus posiciones, deberá hacer funambulismo para no ceder y a la vez no caer en los brazos o más bien garras del PP, que reclama lealtad y sentido de Estado sólo cuando gobierna. Sin embargo, para afrontar esta importante tarea de reconstrucción territorial del Estado será imprescindible ganarse la indiscutible legitimidad democrática que nace de las urnas.
