Uno de los grandes riesgos del gobierno del PSOE, que empieza a asomar la patita, y de la gestualidad como principal arma estratégica es la sobreactuación. La ministra de Política Territorial y Función Pública se ha apresurado a decir, en su primer acto, que la reforma de la Constitución es "urgente, viable y deseable". El Partido Popular tampoco ha tardado en pedir su comparecencia para que explique sus palabras y aclare por qué de repente el Pacto del 78 se encuentra en crisis cuando los socialistas no han puesto hasta ahora en duda las virtudes del Estado autonómico.
La cuestión es saber hasta qué punto forma parte de la mercadotecnia, hasta donde de los verdaderos objetivos, la urgencia de una reforma constitucional que hasta ayer mismo constitucionalistas de distinto signo descartaban al no darse las condiciones necesarias para llevarla a cabo. Una de ellas, la principal, precisamente, la demanda catalana. Otra, la escalada soberanista vasca, reclamando bilateralidad.
El PSOE se ha caracterizado más veces de las deseadas por su propensión a la ambigüedad que lo hace poco fiable: en abrir melones innecesariamente y en destapar cajas de truenos. Ya sucedió torpemente en la etapa de Zapatero con el Estatut. Mencionar de manera tan apremiante la urgencia de una reforma constitucional para colmar las ansias de los independentistas es un error mayúsculo que sólo se entiende por la hipoteca que pesa sobre este gobierno. Ni si quiera así, porque tampoco haría falta este tipo de gestualidad extrema para pagar los favores prestados. Por eso es necesario que los socialistas aclaren de una vez sus verdaderas intenciones y qué es lo que pretenden con esta urgencia repentina. Hablar de una reforma constitucional con 84 diputados es empezar a preguntarse con qué tipo de consenso piensan llevarla a cabo y partiendo de qué propósitos. No me extraña que Puigdemont empiece a ver buenas noticias en todo esto. Las buenas noticias para Puigdemont son malas para España.
