Llanes, Rebeca AJA

La cueva de Las Herrerías, situada en un cueto calizo del pueblo de La Pereda (Llanes), es un claro exponente de la flagrante omisión de funciones de la Administración pública, que, en el caso del Ayuntamiento de Llanes, se agrava, porque la situación de destrozo y abandono de la gruta ya fue denunciada en el año 2003. Es lo que recuerda, desde la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), María José Rodríguez Fernández, mostrando un abultado expediente que se remonta al 26 de julio de 2003. En casi cinco años, no sólo no se intervino para preservar este importante patrimonio rupestre del vandalismo, sino que, además, la integridad de la cueva ha quedado amenazada, desde entonces, por el desarrollo urbanístico al declararse edificable el suelo bajo el que discurren los casi setecientos metros de galería subterránea de la cavidad.

El colectivo vecinal denunció ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) esta situación en julio de 2003, cuando aún no estaba aprobado el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes (se aprobó en agosto de ese mismo año), según matizan desde el colectivo. El objetivo era instar a la Administración a modificar la calificación del suelo otorgada por el Ayuntamiento de Llanes y más tarde ratificada por la Comisión de Urbanismo de Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

El asunto llegó al Estado de la mano del Defensor del Pueblo. También a la UNESCO, a través del asesor científico de este organismo y conservador general del patrimonio francés, Jean Clottes. La Administración local contestó a la solicitud de información por parte del TSJA y del Defensor del Pueblo que no le constaba ningún proyecto de urbanización en esa zona, según Avall. Sin embargo, el número nueve de una revista inmobiliaria editada en el concejo en marzo de 2003 ofertaba viviendas de lujo con parcela individual en La Pereda, a escasos metros de la boca de la cueva. Se llegaron a instalar, incluso, las tomas de la luz en uno de los extremos del terreno. Todo quedó entonces listo para urbanizar, y sigue estando igual de listo, porque en el Plan Urbano de Llanes aún figura el entorno de la cueva como suelo edificable.

A pesar de que se abrieron diligencias de investigación, el expediente quedó aparcado, aunque no cerrado. Hasta que el pasado lunes, 31 de marzo, se hizo pública la intención del Gobierno del Principado de incoar el expediente para delimitar el entorno de protección de la cueva. El asunto vuelve a estar de actualidad, y la nueva Dirección General de Cultura ha reconocido que Las Herrerías ha sido una cueva tremendamente maltratada y que se hace necesario intervenir.

El problema reside, según Avall, en que el paso dado ahora por Cultura es un nuevo «engaño» de la Administración pública. Y lo consideran así porque antes de nada, el Principado debería «obligar» al Ayuntamiento de Llanes a sacar del suelo edificable todos los terrenos que afectan a la cueva y «tomar medidas» contra una industria extractiva colindante, «que está fuera del suelo edificable y provocando filtraciones a la cueva, algo demostrado por varios expertos». También reclama medidas contra el paso de camiones pesados en esa zona. Lo de Las Herrerías ha sido «un expolio constante a los ojos de todos», asevera Rodríguez.

El daño ocasionado a esta joya del arte rupestre en el oriente de Asturias se ve tanto dentro como fuera de la cavidad, insisten desde la agrupación vecinal llanisca, aludiendo también a la tala «salvaje» del bosque natural existente junto a la boca de la cueva. Los integrantes de Avall exigen que la nueva Consejería de Cultura llegue «con autoridad» para hacer cumplir al Ayuntamiento de Llanes la ley de Patrimonio. Algo que, a juicio del colectivo, no hizo la anterior responsable del departamento, Ana Rosa Migoya, «para no enfrentarse con Antonio Trevín» (ex alcalde de Llanes y delegado del Gobierno). La cueva de Las Herrerías está declarada bien de interés cultural (BIC) y la protección del entorno de este yacimiento es una obligación recogida en la ley de Patrimonio.