Oviedo, Ramón DÍAZ
La portavoz del Gobierno del Principado, Ana Rosa Migoya, arremetió ayer con dureza contra el comité de empresa del Hospital del Oriente. Migoya pidió al comité de empresa que deje de «engañar» a los ciudadanos y a la plantilla, y que evite tratar a los usuarios «como a menores de edad». Destacó que el objetivo de los representantes de la plantilla al organizar movilizaciones no es «salvar el Hospital», como afirman, sino «un beneficio personal: convertirse en empleados públicos por la puerta de atrás».
Migoya fue rotunda: «El Gobierno del Principado no admitirá atajos para acceder a empleos públicos». La titular de Administraciones Públicas aseguró que las leyes son «muy claras»: la plena integración del hospital en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) obligaría a convocar un concurso de traslados y, a continuación, una oferta pública de empleos para cubrir todas las plazas del centro, lo que pondría en peligro la continuidad de los actuales trabajadores del centro. El Ejecutivo regional no está dispuesto a tomar ese camino, porque su objetivo prioritario, aseguró Migoya, es «la estabilidad de la plantilla del Hospital del Oriente» y que «nadie pierda su puesto de trabajo».
La portavoz del Gobierno aseguró que la conversión del Hospital de Arriondas en una fundación pública es la solución más adecuada para el centro y para los trabajadores. «Permitirá que el hospital establezca relaciones con el Sespa como las de cualquier otro hospital; hará que en lugar de convenios singulares se firmen contratos programas para financiar el centro, y el presupuesto del Grande Covián quedará incluido en el del Principado», señaló.
Migoya negó tajantemente que en otras comunidades autónomas se hayan producido subrogaciones de plantillas en hospitales con situaciones de gestión similares al de Arriondas. «No son casos similares. Si en otros lugares hubo subrogación fue porque los trabajadores ya habían sido elegidos anteriormente con criterios de igualdad, mérito y capacidad», como exige la ley para los empleados públicos». Migoya destacó que los empleados del Hospital del Oriente no fueron contratados con criterios de igualdad, mérito y capacidad, por lo que su conversión en empleados públicos requeriría una prueba selectiva y un concurso público. Añadió que los informes de los servicios jurídicos del Principado avalan las tesis del Gobierno.
Son los mismos servicios jurídicos que han rechazado la tramitación de la proposición de ley del PP para debatir la plena integración del hospital en el Sespa. Los argumentos de los letrados coinciden con los del Ejecutivo regional: tramitar la proposición del PP implicaría realizar actuaciones irregulares, que contravendrían diversas normas y leyes, incluida la Constitución. De este modo, la proposición de ley del PP, para la que IU había anunciado su apoyo, ni siquiera llegará a la Junta General para su debate y votación. Migoya aseguró que el Ejecutivo «sigue abierto al diálogo» con la plantilla, pero «en términos razonables»; esto es, «nunca discutiremos sobre algo ilegal, como la conversión de los actuales trabajadores en empleados públicos».
