La madre del niño retenido en Venezuela reclama celeridad en el proceso judicial

La llanisca María Antonia Fernández pide, «por caridad», que le concedan un permiso para ver a su hijo en el verano

 
María Antonia Fernández.
María Antonia Fernández. rebeca aja

Llanes, Rebeca AJA


«¿Otro año más sin mi hijo? No, por favor». Desde su domicilio llanisco, María Antonia Fernández Sampedro apela a la agilidad de un proceso judicial iniciado hace dos años para recuperar a su primogénito, Enrique Edo Fernández, retenido en el hogar paterno, en Venezuela, a pesar de que la guardia y custodia del menor la ostenta su madre tras la separación matrimonial, tramitada en el año 1999.


El pasado mes de abril, esta emigrante retornada se decidió a contar, públicamente, su caso. Lo hizo con el deseo de sacar del letargo un largo periplo judicial con luces y sombras al principio, y mucho silencio después. En febrero de 2007 un juez venezolano ordena la repatriación del menor, pero cuando todo está listo para que el joven viaje a Asturias para encontrarse con su madre, el padre, Enrique Edo Espinosa, recurre la sentencia, el regreso no se produce y aunque la vía judicial se mantiene abierta no hay respuesta por parte de la justicia venezolana. «Si decidí a hacerlo público fue para tratar de tener algo ya, porque llevo dos años sin nada a mi favor», afirma. Un paso muy meditado, sin anhelos mediáticos.


Ahora insiste en ahondar en una petición: que durante el próximo período vacacional pueda disfrutar de su hijo «una caridad, la más grande, mientras se va llegando a un acuerdo», explica, aludiendo a la figura de un mediador internacional que haga posible ese encuentro. Mientras, esta madre llanisca asegura sentirse un poco «desanimada» tras conocer que la tramitación de la demanda interpuesta el pasado mes de septiembre en el Juzgado de Llanes contra su ex marido por un presunto delito de sustracción de menores podría demorarse entre seis meses y un año, dado que una de las partes implicadas, el padre del menor, tiene nacionalidad venezolana y debe recurrirse a una comisión rogatoria que traslade la declaración formulada ante la justicia venezolana. «Me preocupa esa demora, un año más sin mi hijo no cabe en ninguna cabeza», explica María Antonia, que ayer habló con su abogada, «porque quizá no consta en el juzgado que mi ex marido tiene doble nacionalidad y puede comparecer en cualquier momento como ciudadano español».


La mujer hace un nuevo llamamiento para que se agilice el proceso judicial, «porque a mi hijo lo quiero ya. Cumplirá catorce años en diciembre y más manipulado no puede estar», concluye, haciendo hincapié en la concesión de un permiso para ver a su hijo Kike en verano. Algo que ya solicitó en mayo de 2007, después de la fallida repatriación, y que no prosperó.

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