Collera (Ribadesella),

Bárbara MORÁN

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se ha convertido en la peor pesadilla de muchos ciudadanos que poseen propiedades en la zona rural de Ribadesella. La última revisión de este impuesto, que hacía doce años que no se actualizaba en el concejo, despertó el malestar general, sobre todo de los que poseen propiedades en la zona rural, porque los afectados pagan ahora cuatro veces más que hace una década. Para atajar esta situación, afectados de varios concejos asturianos se reunieron el pasado fin de semana en Ribadesella: formarán un «frente común» para forzar a los ayuntamientos a rebajar el IBI y poner fin al «Catastrazo».

La «incongruencia» y el «abuso» surge porque fincas que antes estaban catalogadas como rústicas ahora se califican como urbanas, aunque no haya planes para construir en esos terrenos. El resultado es que el propietario tiene que pagar más del doble que antes de la revisión. Ésta fue una de las principales reflexiones que el abogado gijonés Dionisio Blanco, miembro de la Federación Rural «Las Caserías», de Gijón, expuso a un grupo de vecinos de Ribadesella el pasado viernes, cuando acudió a la localidad de Collera con el fin de informar a los afectados por el «Catastrazo» sobre sus derechos y las posibles acciones que pueden ejecutar para pelear contra la subida del IBI. Algunos vecinos temen que la subida los lleve a vender sus propiedades por no poder hacer frente a los pagos.

«Todo este abuso deriva de la Ley del Catastro del 2006, que dictamina que un prau en un pueblo ahora se califica igual que un solar en medio de una ciudad», aseguró Blanco.

El jurista quiso dejar muy claro que los gobernantes municipales, cuando señalan que no pueden hacer nada, «mienten». Los ayuntamientos «sí pueden hacer, y mucho». Un ejemplo: en un municipio de Alicante se impugnó la revisión catastral ante el Tribunal Superior de Justicia y se declaró su nulidad, obligando a Hacienda a realizar una nueva valoración», comentó Blanco, quien añadió que «Hacienda fija los valores, pero son los ayuntamientos lo que los aplican, y ahí es cuando pueden intervenir. Los dirigentes municipales pueden bajar la cuota del IBI hasta un 90 por ciento», apuntó.

Al comprobar que el «Catastrazo» provocaba movilizaciones en otros concejos, como Piloña, Nava o Gijón, un grupo de riosellanos pidió ayuda al abogado para propiciar una reunión conjunta. Tras el encuentro los riosellanos se manifestaron dispuestos a unirse a los colectivos «anti Catastrazo» de estos municipios, con el objetivo de hacer fuerza y organizar medidas de presión y evitar que el impuesto «acabe por dejarlos en la calle.» Esto puede suceder, según alertó el jurista, porque «el impuesto subirá un 10 por ciento al año durante 10 años. Muchas familias de la zona rural que dependen de un retiro. Antes pagaban 40 euros por sus fincas y ahora cerca de 400 euros. Llegará un momento en que no podrán hacer frente al pago del impuesto y les llegará un embargo», apuntó Blanco.

La «injusticia» que supone la subida del IBI para el campo asturiano fue una de las principales líneas de la charla del abogado, quien explicó que el IBI no sólo afecta a los bolsillos de los vecinos, sino que les vetará a la solicitud de ayudas. «La valoración de tus bienes no se corresponde con la realidad, es lo que está sucediendo. Tu valor patrimonial determinará la concesión de ayudas», añadió. Otra «incongruencia» de la revisión catastral es la calificación que se hace de una finca, para imponer la tasa, y luego el valor que se hace de esa misma propiedad cuando debe expropiarse para ejecutar una obra. «Para expropiarla pagan 4 euros por metro cuadrado, pero para el IBI la valoran en 40 euros», detalló Blanco durante su intervención.