Ribadesella, Bárbara MORÁN
El Ayuntamiento de Ribadesella se enfrenta a un expediente sancionador por ejercer persecución laboral contra una trabajadora. Este varapalo para el gobierno riosellano, integrado por la coalición PSOE-IU, es el resultado de una denuncia interpuesta el pasado mes de noviembre ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, por la ex técnico de turismo, Charo Fernández Román. El Ayuntamiento puede recurrir. La trabajadora ganó hace unos meses un juicio por despido improcedente contra el ejecutivo riosellano que se saldó con una indemnización de 21.000 euros. Fernández fue despedida de su puesto como técnico, pero mantiene su cargo de gerente de la Fundación de Turismo de Ribadesella. Sin embargo, se decidió a denunciar de nuevo porque asegura que no le permiten desarrollar sus funciones.
El informe de la inspectora al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA concluye diciendo textualmente que «se inicia un procedimiento sancionador» contra la Fundación Ribadesella Turismo dependiente del Ayuntamiento de Ribadesella «por constituir los hechos descritos una infracción en materia laboral», tipificada en el artículo 7.10 del Real Decreto Legislativo de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social.
El relato de Román y las pruebas aportadas fueron determinantes para esta resolución del informe. La trabajadora relata que sus claves de acceso a programas e informes necesarios para desarrollar su trabajo le fueron denegados de un día para otro. A esto hay que sumar, tal y como relata la demandante, que un efectivo de la policía local fue enviado a su despacho para amedentrarla y que, según su versión, en numerosas ocasiones tuvo que soportar comentarios despectivos por parte de algunos políticos que integran el ejecutivo riosellano. «Me invitaron a irme a la calle desde el primer día que entraron al Ayuntamiento. He sufrido mucho y aguantado también porque soy cabeza de familia y mis hijos necesitan que su madre trabaje pero estas injusticias y abusos no deben quedar impunes».
Fernández Román, que asegura haber sufrido «una tortura» muestra el informe elaborado por la inspectora de Trabajo y Seguridad Social tras visitarla en su puesto de trabajo para investigar su denuncia. «En él se detallan todos los hechos que demuestran que he sufrido esa persecución y que han violado mis derechos fundamentales, laborales e ignorado las funciones que en mi contrato como Gerente de la Fundación de Ribadesella Turismo debo realizar», destaca la trabajadora.
La inspectora detalla en su informe que durante su visita se encontró que ella prestaba servicios sola, estaba en una mesa de trabajo con el ordenador apagado. «Al preguntar sobre esta inactividad la trabajadora manifiesta que desde el 17 de noviembre está en esta situación porque le han retirado su número de usuario, contraseña y claves de acceso necesarias», dice el informe.
Otra de las pruebas que aportó la denunciante fue un escrito firmado por el propio alcalde de Ribadesella, el socialista Ramón Canal, en el que éste le comunica que hay otra persona contratada para sus funciones y se brinda para negociar su salida de la Fundación de Turismo.
La trabajadora añade que otro hecho que fue determinante para la decisión de Trabajo fue el pago de 3.000 euros a una empresa para que gestionase la playa de Santa Marina, lo cual, a su juicio, demuestra que no hay otra persona contratada para realizar sus funciones.
