Llanes, Emilio G. CEA
La alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, acudió ayer a los juzgados de la villa para declarar como imputada por un delito de prevaricación, al prorrogar por dos veces el contrato de su compañero sentimental Guillermo Castañón como técnico de turismo de la Mancomunidad de Llanes y Ribadedeva.
La alcaldesa acudió puntual. Minutos antes de las nueve y media de la mañana hizo acto de presencia en el juzgado arropada por la corporación municipal socialista en pleno. En el juzgado se encontraba también el portavoz del Partido Popular de Llanes, Fidel Sánchez, y varios concejales de este partido. La regidora llanisca abandonó los juzgados pasadas las diez y media sin hacer declaraciones. Su pareja sentimental, Guillermo Castañón, imputado en el caso por un delito de tráfico de influencias, acudió a declarar a las doce y media de la mañana.
Fue el grupo municipal del PP quien se querelló contra la regidora llanisca por un supuesto delito continuado de prevaricación, al prorrogar, según los populares, «indefinida y permanentemente» el contrato de trabajo de su compañero sentimental. A éste le imputan un delito de tráfico de influencias para obtener esta prórroga. En la querella presentada por los populares se detalla una prórroga del contrato del acusado del 31 de octubre de 2004 a octubre de 2005 y una segunda hasta octubre de 2006 por resolución de la Alcaldesa y presidente de la mancomunidad de concejos de Llanes y Ribadedeva, además de figurar el puesto en la memoria de presupuestos de 2007. En la querella se detallan los ingresos del técnico de turismo en 2006: 38.531 euros (26.531 de sueldo, 6.000 de gastos corrientes y 6.000 de kilometraje), lo que supone el 82 por ciento del presupuesto de la mancomunidad para el área de información turística (47.098 euros).
La regidora, según explicó el abogado del Partido Popular, Roberto Roces, «declaró que desconocía que la ley prohibiera resolver la prórroga del contrato de su compañero sentimental como técnico de turismo hasta el momento en que los juristas de la mancomunidad le aconsejaron no hacerlo». Roces criticó que la alcaldesa manifestara «que tenía un equipo de juristas muy profesionales» y, pese a ello, no le avisaran de que no podía resolver la prórroga del contrato porque la ley lo impide». Según el letrado del Partido Popular, «la alcaldesa dice siempre desconocer la ley. Hoy -por ayer- volvió a decir que era psicóloga, no abogada, cuando todo el mundo sabe que no hacen falta conocimientos jurídicos para saber que no puedes favorecer a tu pareja sentimental cuando eres un responsable político».
Por su parte, el compañero sentimental de la alcaldesa reconoció haber hablado con ella «a título personal» de que le interesaba continuar trabajando para la Mancomunidad, pero niega haber influido en su decisión de renovarle.
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