La proposición de ley del PP, respaldada por IU, que plantea la incorporación del Hospital de Arriondas y de su plantilla al Servicio de Salud del Principado (SESPA) continuará mañana su conflictiva tramitación parlamentaria y pondrá a prueba la solidez del pacto de gobierno suscrito entre el PSOE y la coalición.
El pleno de la Junta General del Principado debatirá y votará mañana el acuerdo aprobado por la Mesa de la Cámara con los votos de PP e IU que consideraba "infundada" la disconformidad mostrada por el Gobierno con esta iniciativa, un criterio que, de haber sido aceptado, habría hecho decaer la iniciativa legislativa.
El Gobierno considera que esta decisión de la Mesa vulnera el Reglamento de la Cámara asturiana y advierte además de las negativas consecuencias que podría tener para la plantilla de Arriondas, integrada por unos 300 trabajadores, la aprobación de una Ley susceptible de ser recurrida ante los tribunales.
Para el Ejecutivo, la disolución del Patronato que actualmente gestiona el hospital y la incorporación de los trabajadores como personal laboral de la administración autonómica vulnera el principio de acceso a la función pública que recoge la Constitución y que exige igualdad, mérito, capacidad y concurrencia pública.
Los trabajadores de Arriondas no cumplieron ninguno de estos preceptos al acceder a su empleo sino que fueron contratados por una Fundación privada, convertida posteriormente en pública por el Gobierno, con lo que cualquier particular o los propios sindicatos podrían llevar la Ley a los tribunales una vez que entrara en vigor.
De esta forma, la plantilla podría acabar en última instancia perdiendo su empleo en caso de un fallo adverso de los tribunales o, de forma más inmediata, los trabajadores podrían ser desplazados a otros centros sanitarios de la región ya que en un concurso de traslados muchos profesionales que prestan sus servicios en otros puntos de España podrían disponer de mayor puntuación.
En este sentido, el Gobierno asegura disponer de 237 notificaciones remitidas por profesionales sanitarios que ejercen en Asturias y en el resto de España anunciando su intención de llevar esta normativa a los tribunales en caso de que se apruebe.
La tramitación parlamentaria de la iniciativa del PP y de las enmiendas presentadas por IU ha supuesto, según el Gobierno, "saltarse por primera vez en treinta años el Reglamento de la Junta" dado que el Ejecutivo respaldaba su disconformidad en el hecho de que la nueva Ley obligaría a realizar modificaciones en la vigente Ley de Presupuestos, al incrementar el gasto en 371.000 euros.
El criterio del Gobierno fue ratificado por los informes elaborados por los servicios jurídicos de la Junta, a pesar de lo cual, la suma de los votos de PP e IU en el órgano de gobierno de la Cámara posibilitó que su tramitación parlamentaria continuara.
El Ejecutivo considera "muy grave" que un Parlamento se dedique a hacer "leyes particulares" para un colectivo dado que el sistema de acceso a la condición de empleado público está regulado en la Constitución "y ninguna ley puede hacer funcionario a nadie".
El Gobierno, que dice sentirse preocupado por el deterioro en la calidad asistencial sufrido por el hospital, advierte además que la integración de este colectivo en el SESPA no es cuestión de voluntad política "que llega hasta donde empieza el Derecho" y, una vez que el asunto llegue a los tribunales, "la política se acabó".
La integración en la red pública del Grande Covián fue incluida en el pacto de gobierno suscrito en la anterior legislatura entre PSOE e IU, pero no así en el acuerdo suscrito hace un año entre ambas formaciones.
Los responsables socialistas de las consejerías de Salud y Administraciones Públicas confían en que la coalición pueda modificar aún su postura durante el trámite parlamentario. EFE
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