Oviedo / Arriondas,
P. ÁLVAREZ / J. A. ARDURA
Un solo hospital, el de Arriondas, el más pequeño de los que en Asturias son cabecera de área sanitaria, amenaza con poner hoy al límite de su resistencia el pacto para gobernar el Principado que el PSOE e Izquierda Unida suscribieron hace casi un año.
Dos consejeros socialistas subrayaron ayer que la coalición de izquierdas, en su empeño de impulsar la integración del Hospital de Arriondas en el Servicio de Salud (Sespa), dará en la sesión plenaria de hoy una nueva vuelta de tuerca en la vulneración del reglamento de la Junta General del Principado (y, por consiguiente, de la Constitución).
Otros reproches que los titulares de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y de Salud, Ramón Quirós, dirigieron a Izquierda Unida indican que está contribuyendo a deteriorar severamente la atención sanitaria en el oriente de Asturias (con la existencia incluso de coacciones hacia los pacientes); poniendo en riesgo los 300 empleos del centro, y propiciando una inevitable judicialización del funcionamiento cotidiano del hospital y, de forma indirecta, del sistema sanitario público de la región.
Como corolario, en lo que consideran el sumum de la irresponsabilidad, los consejeros socialistas afirman que el proceso que impulsa la coalición implica desnaturalizar por completo el acceso a la función pública, pues supone, en definitiva, «elaborar una ley para hacer empleados públicos a un grupo de trabajadores», un objetivo «inédito» en Asturias, a juicio de Quirós y Migoya. Inédito por cuanto, dicho en pocas palabras, implica «convertir en funcionarios a quienes», en una porción significativa, accedieron en su día «a dedo» a la plantilla del centro sanitario. Un proceso que, como objetivo último, busca -según los citados consejeros- convertir a estos trabajadores en estatutarios (equiparándolos a los provenientes del Insalud), previo paso por una estación intermedia que sería la condición de laborales.
Todos estos ingredientes configuran el menú de desatinos en los que, según Quirós y Migoya, está incurriendo IU con la ayuda del Partido Popular, en el ámbito político, y del Sindicato Médico (SIMPA) y Comisiones Obreras en el terreno sindical, pues son las dos organizaciones que han asumido el mando en el comité de empresa del Hospital de Arriondas.
Quirós y Migoya escenificaron ayer ante los medios de comunicación su profundo disgusto ante lo que consideran «un atropello» protagonizado por todas las entidades citadas más arriba. Atropello que, además, temen que abra una espita para las reivindicaciones del personal de otros centros como los hospitales de Jove y Avilés o el Sanatorio Adaro. Según fuentes del Ejecutivo, este malestar es compartido al cien por ciento por el presidente Vicente Álvarez Areces. Sin embargo, ni Migoya ni Quirós quisieron aún pronunciar la palabra «ultimátum».
Ambos consejeros enfatizaron que la alternativa que han ofrecido -y continúan ofreciendo- a los trabajadores del centro hospitalario del Oriente es un proceso paulatino de integración en el Sespa que no ponga en riesgo la estabilidad del hospital ni los puestos de trabajo, que respete la legalidad y que se adecue a los mecanismos canónicos de acceso a la función pública, con arreglo a los criterios de mérito, capacidad y libre concurrencia.
La controversia relativa al Hospital de Arriondas tiene a sus espaldas varios años de recorrido. A mediados de los noventa del siglo pasado, el Insalud -responsable de la gestión sanitaria en la mayor parte de España- se mantenía en sus trece de que el oriente de Asturias no necesitaba un hospital, pues la atención estaba garantizada con los siete centros (uno en cada área sanitaria) que poblaban la geografía regional.
Un acuerdo entre el Principado y el Ayuntamiento de Parres dio lugar a una fundación benéfico-privada en cuyo patronato estaban representados otros ayuntamientos del oriente de Asturias y del que formaban parte algunos personajes conocidos de esa zona de la región. El Insalud se avino a suscribir con el nuevo Hospital de Arriondas un concierto singular que lo convirtió en el centro de referencia para el área sanitaria VI (que abarca la Asturias oriental).
Quirós afirmó ayer que cuando Areces llegó al Gobierno autonómico el hospital estaba esencialmente «en quiebra». El pacto de gobierno con IU de la pasada legislatura -no el de la actual- incluía la integración del centro en la red pública. El Ejecutivo impulsó la transformación de la fundación privada en fundación pública. Pero, en su nueva iniciativa legislativa, el PP e IU piden también que se disuelva la fundación. Este último punto es el que lleva a los consejeros socialistas a sostener que cualquier revés judicial del proceso («inevitable») dejaría a los trabajadores del Hospital de Arriondas sin la entidad que les da empleo, sin puerto de partida al que retornar en el caso de que la travesía se complique.
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