Llanes, María TORAÑO
El Ayuntamiento de Llanes aprobó en el pleno de ayer las ordenanzas fiscales de 2010, con nueve votos a favor del PSOE y siete en contra del PP. Los socialistas prevén una congelación de las tasas y los impuestos municipales para el próximo año, con la única excepción de lo que deberán pagar los padres con hijos en la escuela infantil de 0 a 3 años, que tendrá un aumento del 3 por ciento, una subida de ocho euros mensuales. Con esta medida pretenden que los vecinos «no tengan que pagar el coste de la crisis», según aseguró el portavoz socialista, Jose Balmori.
Por su parte, el portavoz de los populares llaniscos, Fidel Sánchez, justificó el voto en contra de su partido porque «no sirve la congelación ya que el Índice de Precios de Consumo (IPC) no es cero. Si el IPC es de -0,4 por ciento deberíamos aplicar una reducción equivalente». En este punto, los populares también propusieron la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano y del rústico, la exención de las tasas de basuras para las familias con rentas bajas y la disminución de gastos corrientes «superfluos, como el 20 por ciento en la concesión de todo tipo de subvenciones». Sánchez aseguró en el pleno que los costes laborales previstos por el Ayuntamiento para el próximo año superan los 575.000 euros, «con desplazamientos, dietas y gastos de representación y protocolo incluidos».
La alcaldesa llanisca, Dolores Álvarez Campillo, quiso aclarar que en esa cantidad de dinero estaban «incluidos funcionarios y concejales, y no sólo el equipo de Gobierno» del Consistorio. La regidora añadió que no se iban a aceptar las propuestas del PP porque «deberían haberlas presentado en las comisiones informativas y no llegar al pleno y pretender aprobarlas».
Las ordenanzas fiscales de 2010 mantendrán las ayudas ya existentes, como las destinadas a colectivos desfavorecidos de personas mayores, que tendrán bonificaciones de hasta el 50 por ciento para pagar el IBI. Además, se contempla también la bonificación en los enganches para viviendas de protección, que en las de protección oficial llegará al 90 por ciento y en las de precio tasado al 50 por ciento entre los tres y seis años posteriores a su adjudicación.
