El portavoz del PSOE en la Junta General del Principado, Fernando Lastra, ha considerado hoy "difícil" que el texto de la proposición de ley tramitada por PP e IU para integrar el Hospital de Arriondas en la red pública sanitaria supere las objeciones legales planteadas por los letrados de la Cámara.
En declaraciones a los periodistas, Lastra ha recordado que el texto que se tramita actualmente en el Parlamento consta únicamente de dos artículos y de tres disposiciones adicionales que han recibido seis objeciones "muy serias" y otras tres de procedimiento por parte de los letrados del Parlamento autonómico.
Según el portavoz socialista, el informe de técnica legislativo que emiten los servicios jurídicos de forma preceptiva ante una iniciativa con rango de ley admiten la "inseguridad" que generaría para los 300 empleados del Hospital de Arriondas su incorporación al Servicio de Salud del Principado por la vía que proponen PP e IU.
Lastra se han pronunciado así después de que el diputado del PP Carlos Galcerán interpretara ayer que el mencionado informe consideraba "legal" que el personal de este centro se incorpore al Servicio de Salud del Principado (SESPA).
A juicio del portavoz socialista, la propuesta del Gobierno para el colectivo de trabajadores del Hospital Grande Covián, "que se mantiene en pie", daba "confianza y seguridad" a la plantilla frente a la "inseguridad jurídica" que genera la ley promovida por PP e IU.
Galcerán, que forma parte de la ponencia encargada de tramitar esta iniciativa, había considerado que el documento de los letrados consideraba viable la posibilidad de que esta incorporación se lleve a cabo a través de la figura de la sucesión empresarial, regulada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
La Comisión de Salud y Servicios Sanitarios de la Junta General designó el pasado martes la ponencia encargada de elaborar la futura ley que estará integrada, además de por Galcerán, por la diputada socialista Pilar Alonso y la representante de IU Diana Camafeita.
Según el Gobierno, la disolución de la Fundación que gestiona el hospital -que hace meses pasó de privada a pública por iniciativa del Ejecutivo- y la incorporación de sus trabajadores a la administración autonómica que plantea la iniciativa vulnera el principio de acceso a la función pública que recoge la Constitución y que exige igualdad, mérito, capacidad y concurrencia pública.
En este sentido, el Gobierno ha insistido en que los trabajadores de Arriondas no cumplieron ninguno de estos preceptos al acceder a su empleo sino que fueron contratados por una fundación privada, convertida posteriormente en pública por el Ejecutivo, con lo que particulares o sindicatos podrían llevar la Ley a los tribunales. EFE
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