Oviedo, J. A. ARDURA
El PSOE aprecia «objeciones muy serias» en el informe del letrado de la Junta a la proposición de ley presentada por el PP e IU para que la plantilla del Hospital de Arriondas se incorpore al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). El portavoz socialista en el parlamento asturiano, Fernando Lastra, quiso salir ayer al paso de las valoraciones realizadas por el diputado Carlos Galcerán, ponente del PP en esta ley, sobre el informe realizado por el letrado de la Junta General, Ignacio Arias. Esta ley se encuentra en tramitación en la Junta, tras constituirse el pasado martes su ponencia correspondiente.
Lastra planteó dudas sobre la calidad jurídica de la normativa presentada por la oposición, que consta de dos artículos y tres disposiciones. A juicio del portavoz del PSOE en la Junta, el informe del letrado «objetivamente es un golpe muy duro a la iniciativa legislativa presentada en la Cámara porque ha recibido seis objeciones muy serias y otras tras de procedimiento. Si el PP entiende que está todo bien, entonces tendremos dificultades para entendernos», advirtió el portavoz del PSOE, quien señaló la necesidad de «arreglar» en el Parlamento la futura ley. La iniciativa legislativa para transformar en fundación pública la fundación privada «Hospital del Oriente» e integrar dicha fundación pública y su personal en el Servicio de Salud del Principado ha sido promovida por PP e IU, que unieron sus votos semanas atrás en el Parlamento para tumbar la disconformidad del Gobierno con tal decisión.
Fernando Lastra respondió ayer al PP que el informe del letrado de la Junta «es de técnica legislativa pero no de legalidad» y pidió que «la ceremonia de la confusión del PP tiene que acabar». El portavoz socialista recalcó que la transformación en fundación pública de la actual fundación privada, que plantea el primer artículo de la nueva ley, «ya está cumplida, como dice el letrado de la Junta, la hemos hecho nosotros». El diputado del PSOE, especialmente molesto por las interpretaciones realizadas por el PP asturiano sobre esta cuestión, sostuvo ayer que la propuesta del Gobierno de mantener la fundación pública «es más segura para los trabajadores» frente a la inseguridad jurídica que, a su juicio, entraña la iniciativa de los populares e IU.
Lastra hizo mención a un apartado del informe del letrado de la Junta en el que éste, ateniéndose a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sostiene que la excepción de una regulación singular, como la que requiere la incorporación del personal del Hospital al SESPA, «exige una justificación objetivamente razonable». Según Fernando Lastra, en la proposición defendida por el PP e IU ni existe tal justificación, ni ha existido a priori.
