Arriondas (Parres),
Bárbara MORÁN
El futuro del Hospital de Arriondas copa gran parte de la actualidad en la Junta General ante la proposición de ley planteada por el PP e IU para integrar el centro comarcal en la red pública. Esta propuesta ha sido analizada por el letrado de la Junta, Ignacio Arias, en un informe que para usuarios y la plantilla ratifica los realizados anteriormente por los catedráticos Raúl Bocanegra y Alfonso Fernández-Miranda, es decir, avala la legalidad de integrar a la plantilla junto al hospital en el Sespa. En el PSOE no lo ven así y sostienen que el letrado plantea varias dudas.
El secretario general técnico de la Consejería de Salud, José María González Gancedo, afirmó ayer que el proceso que defienden IU y PP «está plagado de irregularidades en el fondo y en la forma». Gancedo considera que la mejor garantía para los derechos de los trabajadores es el mantenimiento de la figura de la fundación pública y advirtió de que el último informe elaborado por los servicios jurídicos de la Junta General supone un «duro varapalo» para la iniciativa parlamentaria.
El técnico defendió para el Hospital de Arriondas y para su plantilla una «ley sin incongruencias y sin adverbios inapropiados». Gancedo considera que la iniciativa parlamentaria, tal y como se desprende del informe, «embarca a los trabajadores y al hospital en un mar de incertidumbres y riesgos. Y no queremos para Arriondas una ley que esté llena de incongruencias y con lo que algunos han calificado de adverbios inapropiados, porque esto es algo muy grave».
El técnico compareció para dejar clara la postura del Gobierno regional respecto al hospital y su integración a largo plazo en el Sespa. Su propuesta parte de dos premisas irrenunciables: garantizar los derechos de los trabajadores y cumplir con la legalidad, porque «en el cumplimiento de la legalidad, y en este caso en el acceso al empleo público, no hay atajos», concluyó el socialista.
La misma opinión defendió el alcalde de Ribadedeva, el socialista Alejandro Reimóndez, presidente de la Mancomunidad del Oriente de Asturias y ex patrono de la Fundación Francisco Grande Covián. «El informe de Arias genera mucha incertidumbre», sentenció Reimóndez. El regidor defiende como destino más «cierto y seguro» para el hospital la permanencia de la fundación pública como la «única y mejor opción». Además, aboga por que los trámites para transformar el Grande Covián en un centro hospitalario público sean los estipulados por la ley.
El regidor dijo que si se aprueba la propuesta de ley cabrán los recursos y el futuro del Grande Covián «penderá de la pertinente resolución judicial. Y en materia de salud, que es un derecho vital, no se puede apostar por un futuro incierto».
Por su parte, José Manuel Fernández, alcalde de Peñamellera Baja por el PP, subrayó que el escollo para que avance la proposición de ley es el debate sobre la integración del personal, cuando este tema «es el que menos importa a los usuarios». El dirigente popular alegó que el clamor popular «es tener los mismos recursos sanitarios de los que disponen los ciudadanos en otros hospitales comarcales. Sobre el tema del personal, creo que ya habrá fórmulas jurídicas para resolverlo. Sin duda, el futuro es la proposición de ley», concluyó.
«El informe del letrado sobre la integración genera mucha incertidumbre»
<Alejandro Reimóndez
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Alcalde de Ribadedeva
«Los usuarios sólo quieren tener los mismos recursos que el resto de Asturias»
<José Manuel Fernández
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Alcalde de Peñamellera Baja
