Cuerres (Ribadesella),
Bárbara MORÁN
Deben ser muy pocos los riosellanos que no han oído hablar del «caso Guadamía». En la primavera de este año, este polémico escándalo urbanístico y medioambiental salió a la luz por boca de la Asociación de Vecinos de Cuerres. Han pasado unos meses desde que el «caso Guadamía» se hizo público y las diversas denuncias interpuestas por el colectivo vecinal por los supuestos daños ocasionados al entorno de la playa y del río de Guadamía siguen su curso jurídico. Lento, pero seguro. Los vecinos están dispuestos a ir hasta el final y a no dar ni un paso atrás.
Las continuas denuncias públicas realizadas por la Asociación de Vecinos de Cuerres revelaron a la opinión pública un cúmulo de despropósitos que, supuestamente, la empresa Pomaradas Guadamía, S. L., llevaba cometiendo en los terrenos que posee en Cuerres desde hacía una década. Los terrenos están ubicados en la ribera del río Guadamía y a los pies de la playa del mismo nombre, que sirve de frontera entre Llanes y Ribadesella. La empresa niega tajantemente haber cometido ninguna irregularidad.
Pomaradas Guadamía, S. L., según los vecinos, desvió el cauce del río, realizó caminos en zona protegida, derribó una antigua presa en el paraje de Tosquila y ejecutó obras dentro del límite de protección de la costa. Esta última infracción se cometió, presuntamente, por el cierre de una parcela que limita con el arenal de Guadamía y por la que «desde tiempos inmemoriales», según los vecinos, se accedía desde Cuerres a pie a la playa. Este verano fue el primero para muchos vecinos de Cuerres en el que no pudieron acceder a la playa desde su pueblo, ya que el terreno por el que discurre el camino, cuya existencia niega la propiedad, fue cerrado hace seis meses con muro y portillo. Las obras, según los lugareños, supusieron la comisión de múltiples irregularidades; entre ellas, el supuesto cierre de la zona de servidumbre de Costas. Entonces surgió el «caso Guadamía», que acumula expedientes e investigaciones por parte de diversas administraciones, como la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Demarcación de Costas en Asturias, la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Ribadesella.
Los organismos dedicados a velar por la costa y el medio ambiente intervinieron tras la denuncia de los vecinos por las supuestas irregularidades cometidas por la empresa para cerrar la parcela, ya que los trabajos invadieron los cien metros de protección costera.
Los vecinos aseguran que están «completamente solos» en esta batalla por recuperar «el paisaje del pueblo, el acceso a la playa y porque se respeten las leyes de forma equitativa», sostuvo Domingo Fernández Blanco, presidente de la asociación. Los vecinos lamentan que durante todos estos meses ningún político local se haya preocupado por conocer cómo se desarrolla el caso. «Estamos solos, pero no nos vamos a rendir. Los políticos, muy buenas palabras y, en este caso, pocos hechos», destacó Blanco.
Próximamente, el portavoz del colectivo se reunirá con el fiscal de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva, con el objeto de que le informe sobre cómo avanzan las denuncias. Hasta el momento, absolutamente todo el proceso judicial lo están costeando los propios vecinos de Cuerres: el noventa por ciento son miembros de esta plataforma vecinal, que continuará reclamando justicia para la localidad. El «caso Guadamía» sigue abierto y pendiente de resolución judicial. Mientras tanto, en Cuerres las pintadas en contra de la citada empresa siguen pidiendo «SOS».
