Cuerres (Ribadesella),

Bárbara MORÁN

El fiscal de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva, ha denunciado al propietario y gerente de la empresa Pumaradas Guadamía S. L., Fernando Z. G. de L., como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio. El fiscal ha elaborado un informe en el que detalla las supuestas ilegalidades cometidas por la empresa gijonesa en las inmediaciones de la playa de Guadamía, en el límite de Ribadesella y Llanes, al realizar obras sin las pertinentes licencias. El juez abrió diligencias de investigación sobre el «caso Guadamía» el pasado mes de julio. El propietario de los terrenos ha negado, desde el primer momento, haber cometido cualquier irregularidad.

El «caso Guadamía» surgió hace un año, de la mano de la Asociación de Vecinos de Cuerres (Ribadesella), que denunció el cierre de una senda que los vecinos utilizaban para acceder a la playa de Guadamía. El acceso fue cerrado con la ejecución de un muro de piedra y un portillo que impiden el paso al arenal. A partir de ahí, salieron a la luz más obras y actuaciones que el fiscal de Medio Ambiente califica de presuntamente ilegales.

En el «caso Guadamía» han intervenido todas las administraciones competentes en la zona. El Ayuntamiento de Ribadesella abrió un expediente sancionador contra la empresa gijonesa, la Demarcación de Costas investiga las obras ejecutadas en los 100 metros de servidumbre de protección y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico hace lo propio sobre la desviación del cauce del río Guadamía, en 1999.

De la Riva señala al dirigente de la empresa propietaria de los terrenos como responsable de la ejecución de diversas obras, presuntamente ilegales, en el entorno del arenal de Guadamía, catalogado en las subdirectrices regionales de ordenación del territorio para la franja costera de Asturias como una «playa natural». De la Riva detalla en su informe las construcciones ejecutadas en Cuerres por Pumaradas Guadamía: el cierre de la parcela que linda con el arenal con un muerete de piedra; la construcción de un camino privado de 3,20 metros de ancho y unos 110 metros de longitud, y la construcción de una senda peatonal empedrada que conduce a unos peldaños que dan acceso directo a la arena de la playa.

De la Riva destaca que en la cartografía del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) los parajes en los que se ejecutaron todas las obras se ubican en la zona de servidumbre de protección de Costas. Además, el fiscal recuerda que los muretes de piedra construidos son cierres de «uso prohibido y por tanto no legalizable».

De la Riva destaca en su denuncia que en el entorno de la playa de Guadamía la empresa denunciada ha construido «centenares de metros de muro de piedra, una senda peatonal empedrada, un peldañeado», ha procedido a «la apertura de varios caminos» y ha generado «un gran movimiento de tierras». Todo ello «sin los permisos y licencias preceptivos y en suelo protegido no urbanizable de Costas y zona de servidumbre de protección», según De la Riva. El fiscal propone al juez que tome declaración en concepto de imputado por un delito contra la ordenación del territorio al responsable de la empresa y a quienes ejecutaron las obras.

Por otra parte, la Asociación de Vecinos de Cuerres reiteró ayer su intención de llegar «hasta el final» en este caso, con el firme propósito de que el pueblo recupere el paisaje natural que ha sido «alterado» por lo que los asociados consideran «un atentado ecológico».