El Principado reconoce discrepancias con las otras dos regiones del parque

Carreña, R. D. / A. S. R.
La viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, reconoció ayer la existencia de discrepancias entre las tres comunidades autónomas de los Picos de Europa -Cantabria, Asturias y Castilla y León-. El Principado, según señaló Fernández, elaboró unos estatutos para la cogestión del parque que han sido contestados por Cantabria y Castilla y León. Hay discrepancias «en algunos puntos», aunque la Viceconsejera no quiso aclarar en cuáles. Fernández, en todo caso, ve posible el consenso y ha propuesto una reunión interna para pactar el texto definitivo de los estatutos que el Gobierno central exige para ceder las competencias del parque a las tres regiones.

Fernández destacó los aspectos en los que coinciden las tres comunidades de los Picos: un traspaso que no signifique renuncia a la suficiencia económica, a las garantías de unidad ambiental y al consenso de las tres regiones implicadas. «Las tres partes estamos para entendernos y desde el Gobierno del Principado se está trabajando para agilizar los plazos» que conduzcan al cierre del traspaso del parque, añadió.

La viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, realizó estas declaraciones durante la presentación, ayer, del proyecto de la estación depuradora (EDAR) de Arenas de Cabrales, que contará con un presupuesto de 3.800.000 euros y que ha sido adjudicado a la UTE que integran Ferrovial Agroman y Cadagua. Ésta es la mayor inversión pública realizada en el concejo en los últimos años.

La actuación se incluye dentro del plan de uso y gestión integral del agua o «plan del agua» en el parque nacional de los Picos de Europa. La depuradora, que será puesta en funcionamiento a primeros de 2012, tratará las aguas residuales de las localidades cabraliegas de Carreña, Poo y Arenas antes de su vertido al río Cares. La depuradora se ubicará en Arenas de Cabrales, en la margen izquierda del Cares, en una zona en la que se prevé la creación de un polígono industrial. Se plantea la ejecución de una instalación para una población de 3.000 habitantes, ampliables a 4.500. La población servida en la actualidad es de 1.377 habitantes. El Principado estima que la realización de la EDAR generará dieciocho empleos. El período máximo de duración del contrato es de 36 meses, que se distribuye en los siguientes plazos, incluidos los tres meses que llevará la redacción del proyecto.