Cabrales, Bárbara MORÁN

«José Antonio Pérez Prieto debe explicar qué tipo de contrataciones se hacían en el Ayuntamiento de Cabrales bajo su mandato con dinero público». Son palabras de la diputada y secretaria de Política Municipal de la FSA, Adriana Lastra, ayer, en Cabrales, antes de anunciar que el PSOE pedirá a la Inspección de Trabajo que intervenga para aclarar lo sucedido con la contratación del actual diputado del PP, Juan Ángel Bustillo, cuando fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cabrales entre 2003 y 2007.

Los socialistas reclaman a Bustillo que devuelva los 51.435 euros que supuestamente adeuda a las arcas municipales por pagos indebidos a la Seguridad Social. La cantidad correspondiente a las cotizaciones que el Ayuntamiento de Cabrales pagó por el sueldo de 1.900 euros que supuestamente tenía el conservador durante su etapa como edil liberado. Ayer, un nuevo informe de Intervención dio un giro de 180 grados al caso. El informe recoge que Bustillo «nunca recibió su sueldo», explicó Lastra. El interventor asegura que el salario del diputado popular salía del capítulo de gastos y se ingresaba de forma automática en la cuenta municipal destinada a ingresos patrimoniales. «Bustillo nunca recibió el dinero, pero sí se le pagaba el IRPF y la Seguridad Social mensualmente. Y si devolvía su salario, esos 52.000 euros que corresponden al pago de las cotizaciones deben ser reembolsadas en las arcas municipales», insistió Adriana Lastra.

Los socialistas creen que esta nueva situación aumenta la «gravedad del caso», ya que, según dijo Lastra, «se podría estar ante una simulación contractual». El PSOE cambió ayer al destinatario principal de sus críticas y reproches, en lugar de cargar contra Bustillo y exigirle el pago como han hecho en los últimos días. La atención la centran ahora en el líder del PP local, José Antonio Pérez Prieto. El que fuera alcalde de Cabrales, durante la etapa en la que Bustillo fue liberado, es considerado por el PSOE como el «responsable de estas irregularidades, ya que se cometieron bajo su mandato y le exigiremos explicaciones, si las tiene, que lo dudamos», advirtió Lastra. «Iremos donde sea necesario para dar transparencia a estos hechos».

La diputada considera que la contratación de Bustillo estuvo «viciada» desde el principio. La parlamentaria argumentó su calificativo defendiendo que Bustillo fue liberado a espaldas de la ley de Bases de Régimen Local. El acta que lo liberó «ni siquiera está firmada, no se llevó a Pleno la iniciativa, ni se publicó en el BOPA». Y añadió que estos hechos siembran «claras dudas» de la «buena fe aplicada en esta liberación, que a pesar de no ajustarse a la ley se llevó a efecto». Los socialistas calificaron el caso de «turbulento», aunque no se atrevieron a hablar de ilegalidad, ni de delitos, tan sólo se limitaron a decir que en la liberación hubo «mala praxis e irregularidades».