Llanes, Bárbara MORÁN
Siempre es mejor prevenir que lamentar. A grandes rasgos ésta es la esencia del protocolo de protección de zonas inundables al que ayer se unió el concejo de Llanes. El municipio se sumó ayer a la lista que integran seis ayuntamientos de Asturias que han suscrito el protocolo de protección para las áreas inundables del concejo. Las rúbricas de la alcaldesa del municipio, Dolores Álvarez Campillo; el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Jorge Marquínez, sellaron este acuerdo cuyo objetivo es proteger y dotar de las medidas de seguridad pertinentes a las zonas de cuenca del territorio llanisco y a todos los corredores fluviales. Este protocolo afecta mayoritariamente a la zona oeste del concejo de Llanes. El convenio afecta a una superficie de unas 500 hectáreas y unos 83 kilómetros de ríos y arroyos.
Pueblos como Rales, que actualmente tienen varias obras de construcción de viviendas paradas por problemas de inundaciones, verán cómo se desbloquea esta situación, ya que el convenio prevé medidas de protección para las zonas inundables. «Es un día muy importante para Llanes porque este acuerdo determina las zonas que corren peligro de inundarse y aporta el protocolo de medidas para evitar que esto tenga graves consecuencias», destacó la Alcaldesa, al tiempo que destacó que la firma se produce también en un «momento clave» para Llanes, ya que afronta el reto de sacar adelante un nuevo planeamiento urbanístico.
Trevín, por su parte, enfatizó que este protocolo «trata de evitar males mayores». La Confederación Hidrográfica del Cantábrico determinará las zonas inundables, que serán incluidas en el futuro plan general.
Este convenio, cuya esencia es reducir el riesgo de zonas inundables, tiene una gran importancia para el concejo llanisco ya que a pesar de no ser atravesado por grandes ríos sí ha sufrido las devastadoras consecuencias de las inundaciones. En 1983 y 1988, la zona occidental del concejo sufrió graves daños por la crecida de los ríos.
Marquínez fue el encargado de desglosar la parte técnica del acuerdo. El presidente de CHC destacó que las características singulares de la orografía llanisca generan «problemas importantes para mantener la ordenación del territorio y este acuerdo se centra en delimitar y proteger esas zonas de ribera». Marquínez añadió que este acuerdo es un «paso obligado» para ofrecer «una protección efectiva a las poblaciones afectadas y catalogadas como inundables», argumentó.
Además de este acuerdo, los mismos dirigentes también estamparon sus firmas para la ejecución del proyecto de ordenación del río Vallina, entre Porrúa y Poo. El proyecto está en proceso de evaluación ambiental. Las obras se licitarán a finales de este verano y tendrán un plazo de ejecución de 15 meses, con una inversión de 2,3 millones de euros, que serán sufragados entre la Confederación, el Principado y el Ayuntamiento.
El objetivo principal del proyecto es dotar de saneamiento al núcleo de Porrúa, una obra que será posible con la ejecución de un colector que recoja los vertidos que se producen en este pueblo. Las autoridades visitaron durante la jornada las obras ejecutadas en el río Calabres, a su paso por Quintana. La inversión ascendió a 130.000 euros con cargo al «plan A».