Oviedo, Ramón DÍAZ
El PSOE de Cabrales recurrirá a los tribunales de justicia si la Inspección de Trabajo observa irregularidades en la presunta simulación de contrato realizada al actual diputado regional del PP Juan Ángel Bustillo durante su última etapa como concejal. El secretario de Organización de la Agrupación Socialista de Cabrales, Antonio Campillo, presentó ayer ante la Inspección de Trabajo, en Oviedo, un requerimiento para que se investiguen los pagos realizados por el Ayuntamiento a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones por la liberación de Bustillo. Una liberación que nunca fue aprobada por el Pleno municipal.
Campillo defendió la teoría de que el anterior gobierno municipal, del PP, cometió un presunto fraude contractual, al simular un contrato, pese a que Bustillo nunca cobró las nóminas por las que el Ayuntamiento cotizó, dado que el dinero salía de la partida de gastos e iba directamente a la de patrimonio. Campillo apostó por esperar el dictamen de la Inspección de Trabajo, aunque adelantó que si se confirman sus sospechas de fraude el asunto se dilucidará en los tribunales.
Campillo aseguró que el primer y principal objetivo de su partido es que el Ayuntamiento recupere los 51.000 euros que desembolsó en concepto de cotizaciones sociales e impuestos por la presunta contratación simulada de Bustillo. «Si además se comprueba que hay responsabilidades, del tipo que sean, estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias», señaló Campillo.
El secretario de Organización del PSOE cabraliego subrayó que esta formación política ha intentado, desde el año 2007, en reiteradas ocasiones, que Bustillo reintegrara el dinero cotizado de forma supuestamente irregular. Destacó que ya en una reunión de la Comisión de Cuentas celebrada el 23 de marzo de 2007, el concejal socialista Tomás Fernández preguntó si Bustillo había reintegrado el dinero abonado a la Seguridad Social. El entonces alcalde, Antonio Pérez Prieto aseguró entonces que no se había repuesto el dinero, pero que el concejal lo devolvería.
Bustillo ha defendido desde el primer momento su derecho a conocer el expediente sobre este caso. El diputado regional del PP también ha anunciado que estudia iniciar acciones legales por lo que considera una persecución política.