La ordenanza de uso de las playas, que da más poder a los socorristas, divide a los vecinos

Ribadesella, Bárbara MORÁN

La nueva ordenanza municipal que regula el uso y la convivencia en las playas del concejo divide a los vecinos. La norma, aprobada en el último pleno municipal, da más poder a los socorristas, que quedan facultados como testigos de las infracciones, y establece multas de entre 750 y 1.500 euros para quienes protagonicen actos que rompan la convivencia ciudadana. La ordenanza establece en la playa zonas de baño y de práctica del surf y prevé sanciones, por ejemplo, para quienes pongan música, jueguen en zonas donde molesten a los usuarios que toman el sol o dañen el mobiliario urbano.

El paso más significativo que el Ayuntamiento dará con la entrada en vigor de esta normativa, en las próximas semanas, es que se favorece que las alertas de los socorristas sean respetadas, y que quienes no atiendan sus indicaciones serán multados. El reglamento faculta al personal de socorrismo como testigo de las infracciones. Un ejemplo: si un bañista no hace caso a las indicaciones del vigilante de la playa y decide darse un baño con bandera roja, cuando llegue la Policía local, aunque ese usuario ya no esté en el agua, la declaración del socorrista será determinante para una posible sanción por haber quebrantado las normas de seguridad y por poner en peligro su vida y la de quienes, en su caso, hayan acudido a rescatarlo.

Rosa Álvarez, vecina de Ribadesella, acogió ayer con optimismo la medida. «Me parece bien que se regule la convivencia en las playas para que impere un uso responsable. En estos tiempos parece que con multas todo funciona mejor, por desgracia», añadió. Esta vecina recordó que en muchas ocasiones «vas a la playa a relajarte y el ruido del resto o que te molesten jugando a cualquier cosa hace que acabes marchándote».

Una opinión muy distinta aportó Alicia Alea, para quien la ordenanza es «un despropósito», ya que las playas son «espacios públicos». «Siempre fuimos a las playas a divertirnos y a respetar a los demás usuarios, es algo obvio para la mayoría», aseguró Alea, quien cargó contra una ordenanza «excesiva». «Y encima con multas. Ahora ni podremos disfrutar libremente de las playas. Me parece fatal tanta prohibición, destacó.

Tampoco tuvo una buena acogida la normativa para la riosellana Silvia Obradors, quien tras conocer la medida municipal apuntó: «no me la creo». Obradors añadió que el respeto y la tolerancia cuando las personas comparten un espacio público «son comportamientos o valores que deben salir de la gente como algo normal, es un poco triste que se imponga el civismo a base de normas y leyes».

Luis López señaló que ve «bien» que se regulen «ciertas actividades o comportamientos en un país como éste, que anda pelado en civismo y en muchas materias». Lanzó una sugerencia a los políticos locales: «no debe reducirse todo a prohibir, deberían también mejorar los servicios de la playa y poner un servicio de mantenimiento, del que no dispone, o papeleas a pie de arena desmontables, como las que hay en el País Vasco». Y añadió: «el dinero que se recaude con las multas deberán los gobernantes también aclarar para qué se destinará», subrayó López.

La ordenanza para el uso y convivencia en las playas, que comenzó a gestarse en junio del año pasado, persigue, según las autoridades locales, garantizar la protección y el respeto a las cuatro calas del concejo (Vega, Santa Marina, L'Atalaya y Arra) y también favorecer la convivencia entre los usuarios. «La esencia del articulado de esta ordenanza es proteger nuestros arenales y lograr un ambiente de convivencia agradable y que su uso sea respetuoso por el bien de todos», destacó ayer el socialista Ramón Canal, alcalde de Ribadesella e impulsor de la iniciativa.