La reciente decisión del Gobierno del Principado de organizar controles de lobo para cargarse a dos ejemplares en Ponga es un nuevo ejemplo de la absoluta ausencia de una política coherente en esta materia. Si un ganadero ha perdido 209 reses desde diciembre y el Ejecutivo asturiano sólo quiere pagarle seis, hay un problema gravísimo. Si además, el ganadero denuncia desde hace cinco meses los ataques y el Principado sólo reacciona cuando el asunto aparece en los periódicos, queda demostrado a qué estímulos responden los dirigentes regionales. Pero si encima anuncian que serán abatidos dos lobos en Ponga, cuando la guardería comprobó en su momento que las últimas muertes fueron provocadas por tres ejemplares que procedían de Caso y que continuaron camino hacia Piloña, el asunto es para decirles a las autoridades del Principado que no tienen ni pajolera idea de lo que hacen. La pena es que por la ineptitud y la incompetencia de los políticos acaban pagando los ganaderos y los lobos.
