Llanes, M. TORAÑO
El PP llanisco ha solicitado, por segunda vez este año, la «dimisión fulminante» del concejal de Personal, José Manuel Herrero, por la anulación judicial de la convocatoria de plazas de la Policía Local. Ya lo pidieron el pasado mes de enero y lo reiteran ahora que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por el Consistorio. Los jueces han declarado nula la convocatoria de las plazas de policía por un error en el cumplimiento de los plazos de publicación de las bases. Según la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, la explicación que da el Consistorio llanisco para justificar la equivocación es «insostenible». Los jueces imponen, además, al Ayuntamiento las costas del proceso.
Los populares han solicitado la comparecencia «inmediata» de la alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo, de Herrero y de los representantes sindicales que participaron en la convocatoria de las plazas para que expliquen en qué situación laboral quedan los ocho auxiliares a los que «se ha impedido acceder al puesto de trabajo que han venido ocupando, en algunos casos más de doce años». El PP explica que esos auxiliares fueron contratados mediante resolución directa de la Alcaldía, hace más de diez años, por el entonces alcalde Antonio Trevín, y que desde aquellas fechas esperan la convocatoria pública de sus plazas para acceder al concurso. «Todo ello es ejemplo de "terrorismo laboral" puro y duro, instaurado en la época en que el actual delegado del Gobierno en Asturias presidía nuestro Ayuntamiento», agrega el PP.
Los populares consideran «inadmisible» que se hayan mantenido esas plazas sin convocar, dado que se ha «vetado la oportunidad, la libertad y el derecho de acceso a un puesto de trabajo a cientos de personas en paro que se preparan diariamente para opositar». Asimismo, consideran que los actuales trabajadores se encuentran en una situación de «indefensión y gravemente perjudicados», por lo que «están en su derecho de pedir responsabilidades y de ser indemnizados». El PP duda sobre si el hecho de sacar la convocatoria fuera del plazo «no habrá sido un hecho premeditado», ya que es «inimaginable torpeza semejante».
El PP exige que las indemnizaciones y gastos jurídicos del proceso sean asumidas por los responsables, y «no con cargo al presupuesto municipal, que es dinero público y sale de los impuestos de todos los contribuyentes». También reclaman que se valore si procede realizar «de inmediato» una nueva convocatoria de las plazas vacantes. La Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) presentó en julio de 2009 una demanda para impugnar la resolución que aprobaba las bases, al considerar que era exigible una mayor cualificación de los candidatos, entre otros motivos.
