Llanes, Ramón DÍAZ
El Ayuntamiento de Llanes incumple la obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo y no hace caso a sus peticiones. Tanto es así que la institución que encabeza Enrique Múgica incluirá en su informe anual de 2010 al Ayuntamiento llanisco en el listado de administraciones que no atienden sus requerimientos y entorpecen sus funciones. Esta «lista negra» será elevada a las Cortes Generales.
El Defensor del Pueblo ha afeado su actitud al Ayuntamiento de Llanes, que no ha respondido a sus múltiples requerimientos para determinar si en la localidad de Celoriu se ha consentido la construcción de 94 viviendas ilegales, como ha denunciado la asociación local de vecinos, «La Hoguera». El Defensor del Pueblo destaca la «ausencia de respuesta» del Ayuntamiento de Llanes a sus peticiones de información sobre la situación de las 94 viviendas supuestamente ilegales de Celoriu.
La ausencia de respuesta de las autoridades municipales llaniscas es, según el Defensor del Pueblo, «expresiva de la falta de colaboración de la Administración para cumplir con el deber legal que impone» la legislación vigente. Todo ello, continúa el organismo estatal, provocará «que se proceda a incluir al mencionado Ayuntamiento en el informe de gestión que se eleva anualmente a las Cortes Generales. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir las autoridades y los funcionarios», concluye el departamento que dirige Enrique Múgica, en una misiva remitida a la Asociación de vecinos «La Hoguera».
El colectivo celoriano, que preside Alberto Álvarez, recurrió al Defensor del Pueblo tras no obtener respuesta en la Oficina Municipal de Urbanismo a sus solicitudes de información sobre las 94 viviendas presuntamente ilegales de Celoriu, que, según «La Hoguera», generaron unos 21 millones de euros de beneficios a once promotoras. Todas estas viviendas cuentan con informes técnicos y jurídicos favorables, pero, según «La Hoguera», presentan infracciones de tal calibre que no podrán ser legalizadas. Mientras tanto, destacó «La Hoguera», «sigue sin haber vivienda protegida digna para asentar población en Celoriu y otros pueblos».
«La Hoguera» señaló que la ausencia de respuesta del Ayuntamiento de Llanes al Defensor del Pueblo se debe a que las autoridades locales «no tienen argumentos técnicos ni jurídicos para justificar estos desmanes cometidos y permitidos a estos once promotores. ¿Cuáles serían las contrapartidas?», se preguntan los dirigentes del colectivo vecinal, uno de los más activos del concejo llanisco. La conclusión de «La Hoguera» es clara: «Primero se consiente y se favorece por parte de los responsables del Ayuntamiento llanisco que ciertas promotoras construyan ilegalmente, obteniendo beneficios ilegales, y luego al ser requerida por parte del Defensor del Pueblo una explicación coherente, digna, legal y honrada se niegan a ello escondiéndose y no atendiendo su obligación legal». Todo ello «a la vez que se destruye la identidad de Celoriu como pueblo», añadió la asociación vecinal.
«La Hoguera» criticó que «en todos estos años de excesos urbanísticos» los dirigentes municipales no han querido «que exista ni un solo centímetro cuadrado de propiedad pública para uso público, como podría ser una Casa de Cultura, que tanto demandamos y necesitamos para desarrollarnos como pueblo».
La agrupación celoriana destacó que las 94 viviendas supuestamente ilegales se han construido en los últimos seis años, «todo un récord para un pueblo de 416 vecinos». Y reclamó un giro de 180 grados: «Que practiquen otro urbanismo, uno que sea legal, justo para todos, que asiente vida en los pueblos, beneficiando a los vecinos, que les dé acceso a la vivienda y no los obligue a emigrar».
«La Hoguera» aprovechó para reivindicar nuevamente una bajada de impuestos a los primeros residentes y la construcción de vivienda protegida en los pueblos.
