Ques (Piloña),
Lucas BLANCO
Los ex trabajadores de la planta embotelladora de Agua de Quess, propiedad de la familia Zapico, todavía no han cobrado los salarios ni las indemnizaciones por despido que les adeuda la empresa, a pesar de que la fábrica cerró ya en junio de 2009.
Según la abogada María Pilo, que lleva la defensa de ocho de los veinte perjudicados, desde el mes de enero de 2009 varios de los entonces trabajadores de la plantilla iniciaron procedimientos judiciales para reclamar los salarios y otras cantidades que se les adeudaban. Todas las resoluciones fueron favorables a sus demandas. A los ocho trabajadores que defiende esta letrada se les debe un montante superior a 130.000 euros y, en algún caso, la cantidad adeudada asciende por encima de los 31.000 euros.
No obstante, los trabajadores empezarán a percibir próximamente parte de lo que les corresponde con cargo al fondo de garantía salarial, tras haber sido declarada la empresa en situación de insolvencia legal. Los trabajadores tienen embargadas varias cuentas y los terrenos del manantial, pero no pueden hacer efectivos los embargos porque los bancos tienen sobre ellos un derecho de prenda.
Según declara la letrada ovetense, algunos de los ex empleados han ganado hasta tres pleitos, pero aún no han podido cobrar nada. «Esto es muy grave, y más teniendo en cuenta que la empresa cobró ayudas de los fondos mineros», puntualiza la abogada, que no duda en definir esta situación como «algo intolerable».
Fuera del ámbito jurídico, varios de los ex empleados destacan cómo su relación con la empresa comenzó con mucha ilusión y, en contra de lo que se pensaba en un principio, terminó en una pesadilla. Es el caso de María Iglesias, trabajadora del laboratorio de la planta. Iglesias dejó su trabajo en Valencia para venirse a trabajar a la planta piloñesa con la confianza en que tendría un puesto fijo en su provincia natal. «Aunque las condiciones del contrato eran excelentes, al mes y medio de llegar me dejaron de pagar y, hoy por hoy, me deben casi 30.000 euros», afirma. También explica que su experiencia en la empresa le ha dejado secuelas psicológicas. «Nos prometían día tras día que nos pagarían, pero nunca lo hacían y es el día de hoy que todavía me entran dudas de si cobraré a final de mes en mi trabajo actual», comenta la ex empleada, quien cree que lo más «sangrante» de toda esa situación era que todavía les echaran la culpa del cierre de la fábrica, después de verse obligada a pedir dinero para poder seguir yendo al trabajo.
Otro de los trabajadores, Aitor Miyares, que ocupaba un puesto de operario de producción, asegura que en 28 meses en la empresa sólo cobró tres veces dentro de plazo. Por otra parte, señala que «se puso en peligro la integridad de los trabajadores en reiteradas ocasiones y se incumplía constantemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales». El trabajador, natural de Infiesto, también afirma que, pese a que varios trabajadores expusieron su situación ante la Inspección de Trabajo y los sindicatos, no obtuvieron solución alguna y la situación no varió.
Por tanto, el sentir de los trabajadores defendidos por María Pilo es que ya no confían en la justicia. Consideran «inhumano» el trato que han recibido por parte de la empresa y, después de casi dos años, siguen igual, por mucho que los juzgados les hayan dado la razón.
