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El cambio en el modelo de gestión de un espacio natural emblemático
 

Fin del parto de los Picos

La amenaza de recorte en los fondos estatales logró que Asturias, Cantabria y Castilla y León cerraran en nueve meses el traspaso de competencias del Parque, estancado desde hacía un lustro

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Cangas de Onís, Ramón DÍAZ

El dinero ha sido la clave del acuerdo para la refundación del parque nacional de los Picos de Europa. Después de casi seis años de negociaciones infructuosas, con un paso adelante y dos atrás y múltiples desencuentros en buena parte de las reuniones, la posibilidad de que la aportación económica estatal que acompañará a la transferencia del Parque cayera drásticamente ha conseguido, al fin, poner de acuerdo a las tres comunidades autónomas de los Picos de Europa. Más que una negociación ha sido una carrera contra el reloj, en la que los gobiernos de Cantabria, Asturias y Castilla y León han tenido que resolver en nueve meses lo que habían sido incapaces de solventar en más de un lustro. Lo han conseguido, aunque el traspaso efectivo de la gestión del Parque se retrasará hasta el 1 de febrero, y aún después el Gobierno central seguirá gestionando el espacio protegido durante unos meses, hasta que, antes del 30 de septiembre de 2011, las comunidades autónomas cojan las riendas de los Picos de Europa en solitario.

El acuerdo es un hecho. El traspaso, salvo problemas de agenda, se firmará el próximo martes. Y antes de nueve meses el parque nacional quedará en manos de las comunidades autónomas. Con el traspaso llegarán 7,7 millones de euros, una cantidad similar a la del presupuesto de gastos liquidado en 2009 por el parque nacional, que incluye los gastos de personal y el coste de los servicios y el mantenimiento del espacio protegido. De ahí las prisas de las regiones por cerrar el acuerdo este año. Hacerlo en 2010 hubiera implicado que el dinero del traspaso se hubiera basado en el presupuesto liquidado de este año, que será sensiblemente menor que el del año pasado, o en el presupuesto de gastos de 2011, que será aún menor, incluso, que el de este año, debido a los recortes en las cuentas del Ministerio de Medio Ambiente, a causa de la crisis económica.

Asturias recibirá 3,7 de los 7,7 millones que acompañarán al traspaso de las competencias del Parque, así como todas las dependencias, edificios e instalaciones ubicados en la región -más de una veintena de inmuebles en propiedad-. El acuerdo implica que se transferirá al Principado de Asturias más de la mitad del personal; en concreto, 43 de los 75 trabajadores en plantilla. El traspaso hará que Asturias «pierda» 8 trabajadores, ya que en la actualidad hay 51 empleados (17 funcionarios y 34 laborales) del Parque en la región, más una plaza vacante. Resta por saber si seguirán también adscritos a Asturias los 9 trabajadores (un auxiliar administrativo y ocho guías) contratados a través de empresas externas, que desarrollan funciones de apoyo al uso público y la vigilancia. En todo caso, los recursos económicos y humanos serán puestos a disposición del futuro consorcio, a través del que se gestionará el Parque.

La refundación del parque nacional implicará un nuevo organigrama. Habrá tres codirectores, uno en cada comunidad autónoma, aunque sólo uno de ellos será oficialmente el director conservador del Parque. El cargo será rotatorio: lo ejercerá un año cada región. El primer director será asturiano. Habrá además un nuevo patronato (órgano consultivo), que será similar al actual, integrado por 31 patronos, con presencia de representantes de las administraciones (central, regionales y locales), sindicatos, propietarios de terrenos, universidades, federaciones de montaña, grupos ecologistas, asociaciones agrarias, guardería y Guardia Civil. El Estado seguirá presente en el futuro patronato, con el mismo número de representantes que la suma de los de las tres regiones. Han solicitado su presencia en el futuro patronato los empresarios de la zona asturiana de los Picos de Europa.

Asimismo habrá una comisión mixta de gestión, que integrarán los representantes de los tres gobiernos autonómicos implicados. También estarán presentes, con voz pero sin voto, un representante de los ayuntamientos y otro de la Administración central.

Las tres comunidades autónomas de los Picos de Europa se han comprometido a mantener la unidad ambiental del Parque -una exigencia del Gobierno del Principado- y a aplicar un único Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y similares políticas de gestión y conservación. Claro que las regiones se han guardado un as en la manga: tendrán derecho de veto; esto es, podrán decir «no» a cualquier iniciativa que afecte a su territorio. Así las cosas las regiones podrán gobernar sus respectivos territorios sin apenas cortapisas.

La gestión del Parque se realizará a través de un consorcio, al que se adscribirán los dineros, el personal y los medios materiales que aporte cada comunidad autónoma. Resta por comprobar si ese consorcio será «fuerte» y protagonizará la gestión, como ha reclamado insistentemente el Ejecutivo asturiano, o «débil» y sometido a las decisiones de las regiones, como han propugnado los gobiernos de Cantabria y Castilla y León.

El traspaso de la gestión del parque nacional a las comunidades autónomas ha sido obligado. Dos sentencias, una de Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo, en 2004 y 2005, provocaron un auténtico vuelco al señalar que la gestión del medio ambiente -y en consecuencia de los parques nacionales- es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, mientras que al Estado le corresponde únicamente la legislación de carácter básico y la vigilancia de que se cumplen esas normativas generales.

A raíz de la primera sentencia, la que obligaba al Estado a ceder la gestión de los parques nacionales a las regiones, comenzaron las negociaciones. La primera reunión se celebró en los primeros meses de 2005, en la localidad cántabra de Pesués. Entonces, los dirigentes políticos de las cuatro administraciones implicadas se comprometieron a firmar el traspaso el 1 de enero de 2006. El hecho de que protagonizaran las negociaciones tres formaciones políticas distintas (una socialista en Asturias, una conservadora en Castilla y León, y una regionalista en Cantabria) provocó momentos de tensión y serias divergencias. Año tras año, los políticos iban retrasando la fecha de la firma del traspaso, siempre al 1 de enero del año siguiente. En marzo de 2009, los tres presidentes autonómicos (el asturiano Vicente Álvarez Areces, el cántabro Miguel Ángel Revilla y el castellano leonés Juan Vicente Herrera) firmaban un convenio para gestionar conjuntamente el Parque y prometían que el traspaso se firmaría ese mismo año. Nuevo fracaso.

Con las negociaciones paralizadas y las regiones defendiendo diferentes políticas ambientales para los Picos de Europa, el Ministerio de Medio Ambiente decidió lanzar un ultimátum: decidió no negociar más hasta que las comunidades autónomas pactaran un modelo para el futuro parque nacional. El «órdago» ministerial tampoco dio frutos, pero sí lo hizo la posibilidad de que el dinero del traspaso cayera drásticamente si el acuerdo llegaba más allá del 31 de diciembre de este año. Al final, hubo sprint este mes: reunión del patronato el día 4 en Santander, reunión de la ponencia técnica de transferencias el día 9 en Madrid, reunión de la comisión mixta de gestión el día 10 en Oviedo. Y el martes 14, firma del traspaso en Madrid. Una celeridad nunca antes vista en un parque nacional en el que los trámites mucho más sencillos se pueden prolongar durante años.

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