Ques (Piloña),

Lucas BLANCO

Casi dos años después del cierre de la embotelladora de Agua de Ques por parte de la familia Zapico, propietaria y gestora del manantial piloñés en un breve período comprendido entre mediados de 2008 y junio de 2009, tres de los 18 trabajadores que llegó a tener en plantilla la empresa aún no han cobrado nada de lo que se les adeuda en concepto de mensualidades y liquidación, mientras que el resto sólo ha percibido pequeñas cantidades provenientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Desde que la empresa propiedad de los Zapico, Surespaña Gestión de Manantiales, S. L., adquiriera la planta de catalana de Font Selva, a principios de 2009 cuando ya adeudaba dinero a sus empleados, se han sucedido las demandas por parte de unos trabajadores a los que, en los casos más graves les llegan a adeudar hasta 30.000 euros.

Si bien es cierto que aún quedan tres trabajadores que todavía no han percibido ni un euro debido a retrasos en el Juzgado al que le corresponde la tramitación de sus casos, el resto de ex empleados de la planta, muchos de ellos sin trabajo o con empleos temporales, vieron aliviada su situación económica, a la que definen como «dramática», cuando percibieron una pequeña parte de lo que se les adeudaba por parte del Fogasa a finales del pasado mes de enero, aunque éstas cantidades apenas alcanzaron un 30 por ciento del total de lo que se les debía.

Es el caso de Aitor Miyares, uno de los trabajadores que más tiempo permaneció en la planta embotelladora, que sostiene haber recibido tan sólo 7.000 euros de los alrededor de 29.000 que le corresponden en cuanto a indemnizaciones y salarios pendientes. Miyares, que no ha vuelto a encontrar un puesto de trabajo estable, considera irrisoria esta cantidad, teniendo en cuenta el largo camino para cobrarla. «Hemos estado dos años para recibir un dinero que, además de escaso, tenemos que destinar en buena parte a pagar los abogados», señala.

Por ello, varios ex trabajadores de Aguas de Ques estarían barajando la posibilidad de continuar con las acciones legales que, en este caso, podrían dirigirse directamente contra la familia Zapico. «No podemos permitir que personas que se rieron de nosotros salgan impunes de unos actos que han hecho mucho daño a varias familias que tienen que comer», apuntan desde el grupo de trabajadores defendidos por la abogada ovetense María Pilo.

Por otra parte, esperan encontrar trabajo pronto, como parece que va a ocurrir con los despedidos de Chupa Chups, de los cuales dicen sentir envidia sana por las facilidades que les han dado, mientras que ellos han caído en el olvido, a pesar de que formaron parte de una empresa que, en su día, llegó a ser la más importante de la parroquia en cuanto a número de empleados.

En el caso del manantial, los trabajadores subrayan que ya no pertenece a la familia Zapico, sino que pasó a ser propiedad del Fondo de Garantía Salarial y todo parece indicar que, a pesar de existir la posibilidad de una subasta, no es probable que ésta se ejecute debido al alto coste que conllevaría, según las informaciones que los abogados aportaron a sus defendidos.

Agua de Ques había estado inactiva durante siete años, hasta que a mediados de 2008 fue adquirida por la familia Zapico, la cual realizó una fuerte inversión con ayuda de los fondos mineros, formando una plantilla que alcanzó los veinte trabajadores. Sin embargo, las expectativas no se cumplieron y la planta se vio abocada al cierre, lo que dejó en la calle a unos trabajadores que dicen haber perdido la esperanza de cobrar lo que es suyo.