Cangas de Onís,

Alba SÁNCHEZ R.

La renovación del saneamiento de la ciudad de Cangas de Onís es ahora la prioridad para el Consistorio que preside José Manuel Fernández Castro, del Partido Popular (PP). El Ayuntamiento ya tiene desde el pasado mes de noviembre la aprobación de una partida de 542.600 euros para la ejecución del proyecto por parte de la Consejería de Fomento, pero aún queda pendiente el visto bueno de varios organismos, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), organismo dependiente de la Administración central, que tendría que abonar el grueso del presupuesto, que asciende a casi 3 millones de euros. La consecución de la luz verde de CHC es el objetivo municipal, ante la necesidad de la renovación del abastecimiento de aguas de la ciudad, dado que se encuentra ya en unas condiciones pésimas y está obsoleto.

Las autoridades municipales quieren asegurar que haya una partida de los Presupuestos del Principado para ejecutar el proyecto, a la vez que esperan que sea el propio Ministerio de Economía el que levante la penalización del proyecto; penalización impuesta al Ejecutivo regional de manera aleatoria por la «deuda oculta» del anterior Gobierno de Vicente Álvarez Areces.

Según los actuales mandatarios regionales, el anterior Gobierno socialista ocultó que había incumplido el límite de endeudamiento previsto para el año 2010, tras lo cual la autonomía asturiana ha sido penalizada por el Ministerio de Economía con la paralización de tres convenios, por un importe total de tres millones de euros en inversiones anteriormente comprometidas.

Uno de los tres proyectos cuya financiación estatal fue paralizada fue el proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua al núcleo urbano de la ciudad de Cangas desde el río Dobra, junto con un plan para la cría del urogallo y un plan de zona en el marco del programa de desarrollo rural sostenible.

El proyecto cangués está incluido en el protocolo general de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, Parques Nacionales, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Gobierno del Principado. De todos estos organismos, el Ayuntamiento sólo ha obtenido hasta el momento respuesta de aprobación, aunque sin fijar plazos, del Ejecutivo regional.