Monte Coya (Piloña),
Lucas BLANCO
La ampliación de la mina de La Llamazona, en el concejo de Piloña, no requiere la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Es la conclusión a la que ha llegado el Gobierno del Principado, tras analizar un recurso de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies que incluía esa petición. La Consejería de Fomento ha desestimado el recurso presentado por la Coordinadora, en el que se denunciaban diferentes incumplimientos medioambientales por parte de la empresa titular de la explotación, que pretende iniciar la reprofundización de la zona.
Las alegaciones de los ecologistas se centraron en que la empresa había incumplido las condiciones ambientales impuestas tras la última ampliación de la cantera, aprobada el 15 de junio del año 2009, causando, según ellos, un impacto negativo en el paisaje, la flora, la fauna, las aguas y el aire. La Coordinadora señaló que se incumplieron también las obligaciones de restauración y de información a los vecinos de la nueva reprofundización que solicita la empresa.
La Consejería desestimó este recurso, basándose en que el Servicio de Seguridad Minera, al que se refiere como el órgano «competente en estas materias», trasladó el anexo de restauración, presentado por la empresa explotadora de la cantera dentro del plan de labores para 2011. Sobre el mismo, señalaron que, dada la situación de la explotación, el plan de vigilancia y seguimiento ambiental se ajustaba a las previsiones del estudio de impacto ambiental y a la declaración de impacto emitida por resolución de 11 de marzo de 2009.
De igual forma se admite que existen trabajos de restauración pendientes, pero Fomento considera que el no haber iniciado aún labores de restauración en la zona de explotación es consecuencia de que la progresión no es posible, al estar realizándose sobre los frentes explotados previamente.
Fructuoso Pontigo, representante de la Coordinadora, aseguró ayer que la desestimación del recurso, publicada ayer en el BOPA, no será recurrida, a pesar de que permanece abierta la vía del contencioso- administrativo. «Tenemos muchas causas abiertas y no podríamos soportar el coste económico que nos supondría recurrir», declaró Pontigo, para a continuación calificar la actitud del Principado como «consentidora de los incumplimientos ambientales en las canteras», de los que dijo que la Coordinadora seguirá «vigilando y denunciando hasta que se cumpla la ley».
