Ribadesella,

Patricia MARTÍNEZ

La Consejería de Fomento ha reabierto el conocido como «caso Guadamía», por el que se acusa al responsable de la empresa Pomaradas Guadamía, S. L. de desarrollar varias obras ilegales en las inmediaciones de la playa del mismo nombre -entre los concejos de Llanes y Ribadesella-, que fueron denunciadas por la Asociación de Vecinos de Cuerres. La decisión del Gobierno regional llega año y medio después de que el Juzgado de Cangas de Onís archivara el proceso penal impulsado por el mismo colectivo, un cierre necesario para reactivar el expediente administrativo.

Fomento anuncia en un documento remitido a la asociación que se inicia «procedimiento sancionador con fecha 16 de enero de 2012» contra la citada empresa. Su propietario y gerente, Fernando Z. G. de L., ha negado en todo momento que las obras que realizó en terrenos de su propiedad carecieran de las pertinentes autorizaciones legales.

Los hechos, que para la Consejería «pueden ser constitutivos de una infracción administrativa calificada como grave» y que, por tanto, se van a investigar son los siguientes: «Construcción de un muro de piedra en las proximidades de la playa de Guadamía, dentro de la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre; la apertura de una pista de 90 metros de largo, dentro de la servidumbre de protección; realizar dos cierres, así como estacada paralela al camino y la apertura de varios caminos de zahorra».

El presidente de la asociación vecinal de Cuerres, José Domingo Fernández Blanco, explicó que el mismo departamento «archivó la denuncia con fecha 17 de noviembre porque había transcurrido un año. Ahora modifican esta decisión y abren procedimiento sancionador». El representante vecinal señaló que el expediente administrativo se había paralizado hasta que se resolviera la causa penal. Al archivarse este proceso, se reanuda el administrativo y la notificación de Fomento llega en respuesta a las preguntas del colectivo sobre el estado de su denuncia.

Para Fernández Blanco, la reapertura del caso es una «buena noticia», aunque tiene presente que «esto es con paciencia, hay que tener perseverancia. Casi todos los expedientes judiciales empiezan a resolverse al noveno o décimo año», añadió. Ellos llevan casi cuatro luchando para que el empresario responsable de las construcciones -que en la asociación califican de ilegales- las retire, ya que impiden que los vecinos de Cuerres accedan a la playa de Guadamía, como sucedió hasta finales de 2008. Fue entonces cuando comenzaron las obras, y en febrero de 2009 la asociación interpuso su primera denuncia, dando el primer paso de un largo recorrido de recursos y movilizaciones vecinales. Para el representante vecinal, «la cosa es que está encauzada y que la Consejería toma cartas en el asunto. Nuestro objetivo es el acceso a la playa y la demolición del muro, porque es ilegal. Es lo que se pide desde nuestro punto», añadió. Con la notificación de Fomento, los vecinos están «animados, es un aliciente para seguir adelante y perseverar en ese sentido», pero se mantienen conscientes de que «va muy despacio y la gente también se cansa», explicó Fernández Blanco, quien sin embargo coge una causa e intenta «llegar hasta el final. Tengo bastante tesón en ese sentido», dijo.

La Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha designado a los funcionarios Luis Quintela, como instructor del proceso, y María Rosario González, como secretaria, en este nuevo capítulo de la larga historia del «caso Guadamía», cuyo final está aún por escribir.