Cangas, J. M. CARBAJAL
La anual subasta de piezas de caza correspondientes a la reserva regional de Riaño (León), en la que también se incluyen terrenos cinegéticos de los concejos de Sajambre y Valdeón, estos últimos integrados en su totalidad dentro de la zona leonesa del parque nacional de los Picos de Europa, reportará esta temporada algo más de 200.000 euros a las juntas vecinales y ayuntamientos beneficiados de la antedicha reserva de caza, una vez que se desarrolló el pasado domingo 18 la puja de permisos cinegéticos en el salón multiusos del Consistorio de Riaño.
La anécdota de la jornada fue la cifra alcanzada por un permiso para abatir un macho montés (trofeo) por el que se pagaron 30.050 euros, todo un récord histórico en la subasta, y que, una vez sumados los complementos de la cornamenta -cuando el afortunado tirador logre abatirlo-, podría suponer un desembolso final en torno a los 70.000 euros. El año pasado se abonaron únicamente 8.300 euros por otro ejemplar de esa especie y en 2010 se pagó por otro ejemplar 12.200 euros.
El día 21 de abril, está programada otra subasta de caza, en este caso en el Ayuntamiento de Potes, concretamente en el Centro de Estudios Lebaniegos, a partir de las cinco y media de la tarde, en la que se ofertarán más de 80 piezas de corzo, venado y rebeco. La iniciativa parte de la Sociedad de Cazadores «Picos de Europa», con el apoyo de los ayuntamientos y de la Federación Cántabra de Caza, dentro del marco de la I Feria de caza, pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Liébana, en Potes (Cantabria).
La Federación Española de Caza exponía días atrás al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que la caza debe practicarse en los parques nacionales sin más limitaciones que las establecidas en la legislación de caza, ya que «no existe ninguna otra alternativa para controlar las poblaciones de especies cinegéticas». La Federación estima que la caza en esos espacios «se practica y se seguirá practicando por los agentes forestales o personal contratado por la Administración», y que ese control de poblaciones se ejecutaría con mejores resultados por los cazadores. Además, así la caza no sólo se llevaría a efecto sin coste alguno para las administraciones públicas, sino que daría lugar a los correspondientes ingresos por el pago, por parte de los cazadores, de permisos y autorizaciones, matrículas y gestión.
