Pivierda (Colunga),
Patricia MARTÍNEZ
«Quiero valerme por mí mismo y nuestra intención no es ni quedarnos con la casa ni apropiarnos de esto, sólo pido alguna facilidad hasta que encuentre un trabajo». Estas son las palabras de Antonio Vilabella, un madrileño que se ha establecido junto a su pareja, María Lozano, y sus dos hijas en la vivienda de la escuela de Pivierda, en Colunga.
Las pequeñas tienen 4 años, la mayor, y seis meses, la pequeña, y ninguno de los dos adultos trabaja. Llegaron a la localidad colunguesa hace seis meses y, tras varias desavenencias con dos personas que les iban a facilitar alojamiento a cambio de trabajos de rehabilitación en dos viviendas, el 7 de septiembre se quedaron sin dónde vivir.
Fue entonces cuando ocuparon la vivienda, de titularidad municipal. Al poco tiempo recibieron una visita de la Guardia Civil y la Policía Local diciéndoles «que teníamos que abandonar la casa, que se iba a gestionar un desalojo y que habíamos cometido un delito», reproduce el madrileño, antes de subrayar que «no soy un delincuente ni un vago, sólo me encuentro en mala situación, las cosas se han torcido». Aseguran que el Ayuntamiento de Colunga les derivó a Cáritas y Cruz Roja, que les dan alimentos.
El alcalde colungués, el socialista Rogelio Pando, apunta que los servicios sociales municipales trabajan en el caso. La familia afirma, por otra parte, que cuenta con el apoyo y la ayuda de los vecinos. «Mis posibilidades de encontrar trabajo son pocas; no tengo dinero para llamar ni para echar gasolina», explica Vilabella, quien, no obstsnte, asegura que no se rendirá.
