Esteli (Piloña),

Lucas BLANCO

Los vecinos de la pequeña localidad piloñesa de Esteli, en la parroquia de San Juan de Berbío, interpusieron el pasado día 21 de diciembre un recurso frente a la aprobación del tercer punto de la sesión plenaria ordinaria del 30 de noviembre. En dicho pleno se dio luz verde a la instalación de una subestación eléctrica y el paso de varias líneas de alta tensión por la parroquia gracias al respaldo de los seis ediles del gobierno socialista y la abstención de los cinco del PP, el de Foro y la ausencia del de IU. Una votación que ahora reclaman que se vuelva a repetir en el próximo pleno al considerar que se realizó condicionada por la violación de varias normativas.

Entre los argumentos que esgrime el recurso presentado por el presidente de la asociación de vecinos de San Juan de Berbío, Jorge Muntadas, está el hecho de que en su día no se hiciera una notificación personal a los vecinos inmediatos del emplazamiento propuesta para la subestación. Un requisito que, según recuerdan, está contemplado en un Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado el 30 de noviembre de 1961.

Del mismo modo, dicen que se les negó el expediente de las obras y señalan que el propio equipo de Gobierno infringió las leyes al incurrir en una incompatibilidad a través del teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alejandro Cantora, quien sostienen que con la ley en la mano se tendría que haber abstenido en la votación, al estar implicados dos de sus familiares directos en las expropiaciones de terrenos.

A esto, añaden que se ocultó e incluso se mintió sobre algunos datos de la actuación a los partidos de la oposición con el objetivo de que esta no votara en contra. Según indican en el recurso, en el pleno se señaló que las casas de Esteli afectadas se encontraban a más de 130 metros de las líneas de alta tensión. Algo que consideran falso, poniendo como prueba que la casa de una vecina se encuentra a 104 metros de la carretera y la subestación está proyectada entre la propia casa y la carretera. Es decir, que la instalación se situarán a menos de 104 metros de distancia, quedándose muy lejos de los 130 exigidos.

Por tanto, exigen que en el próximo pleno se repita una votación en la que esperan que la abstención del edil de urbanismo, junto a la más que probable negativa de una oposición que en su día advirtió que votaría en contra en caso de perjuicios a los vecinos, sirva para tumbar el proyecto con seis votos en contra frente a cinco favorables.

Hasta el momento, sostienen que no les ha llegado respuesta alguna sobre el recurso, pero advierten de que en caso de que les sea denegado por parte municipal tantearán otras alternativas para conseguir que se haga justicia.

Mientras tanto, el Ayuntamiento evita pronunciarse acerca de las posibilidades de que el recurso sea aceptado, pero si se posiciona respecto a las diferentes acusaciones sobre infracciones legales sobre los que se les acusa en el texto. «Los vecinos conocen el proyecto desde el año 2008 que fue cuando se iniciaron las expropiaciones», señalan fuentes del Ejecutivo local.

De la misma forma, no creen que el hecho de que el edil de Urbanismo tuviese parentesco con dos expropiados haya tenido nada que ver en el resultado de la votación. «Esa circunstancia se le transmitió a los partidos de la oposición en comisión informativa y no pusieron ninguna pega», comentan a la vez que recuerdan que, a pesar de conocer estos datos, Partido Popular y Foro optaron por la abstención.

De igual manera, el equipo de Gobierno socialista tachó de incierto que haya negado expediente alguno a los vecinos, añadiendo que dos interesados ya disponen de sus respectivas copias en la casa consistorial que aún no han recogido. El PSOE admitió que sí existen otros documentos que no pueden facilitar por trabas legales. «Lo que no podemos dar es una copia del proyecto porque ese es propiedad de la propia compañía eléctrica y es a esa empresa a la que le corresponde facilitarlo o no», indicaron fuentes municipales, que además recordaron que la legalidad de la construcción situada a 104 metros de la carretera está siendo estudiada, al haber sospecha de que se trate de un cobertizo y no una vivienda.