La Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) ha denunciado al Ayuntamiento de Llanes ante la Agencia Española de Protección de Datos por la utilización de microcámaras «clandestinas» para el control de acceso de los empleados. El abogado del sindicato USIPA, Manuel Gómez Menéndez, en un escrito al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, reclamó ayer la apertura de un expediente sancionador al Ayuntamiento.

El letrado señala en la denuncia que el Consistorio de Llanes tiene varios ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, entre ellos, uno denominado «control de acceso de empleados públicos». Añade que ese fichero se debe nutrir de dos cámaras señalizadas, que están colocadas, una en la puerta principal de entrada al Ayuntamiento y otra en la entrada a la sede de la Policía Local.

Hay un segundo fichero con imágenes de vídeo, pero incluye únicamente las imágenes grabadas en la vía pública para el control de tráfico y de los bienes municipales.

Gómez Mendoza subraya en la denuncia que en las últimas semanas han aparecido «hasta cinco microcámaras, escondidas y no señalizadas, que por su carácter clandestino puede llevar a conclusiones de fines distintos a las inscritas en el fichero nombrado», en referencia al utilizado para el control de acceso de empleados.

El abogado de USIPA indica que una instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos aprobada en 2006 obliga a los responsables de la instalación de las cámaras a «incorporar un distintivo informativo, cuyo uso y exhibición es obligatorio». El distintivo debe colocarse «en los accesos a las zonas vigiladas, sean éstos interiores o exteriores», afirma el abogado. Más exigencias legales: «La información debe ser visible desde cualquier lugar desde donde se acceda al lugar donde están colocadas las cámaras», indica la denuncia. Además, debe existir «un impreso donde se informe del archivo, la finalidad y la persona destinataria de la información; la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; la identidad y la dirección del responsable del tratamiento», asegura el abogado de USIPA, quien añade que también se debe informar de la existencia de ese impreso junto a las cámaras. «Todo esto no lo ha cumplido el Ayuntamiento de Llanes, al ser las cámaras clandestinas», destaca el letrado de USIPA, que presentó también hace unos días una demanda penal por descubrimiento y revelación de secretos.

Gómez Mendoza acompaña el escrito que ha remitido a la Agencia de Protección de Datos con diversa información de prensa y judicial. El abogado está convencido de que las autoridades municipales llaniscas han cometido presuntamente una infracción, por lo que el Ayuntamiento debe ser sancionado.

La primera cámara espía fue descubierta hace unos días por la Policía Local. Era una microcámara que se colocó hace un mes y que apuntaba directamente hacia la puerta de entrada a la sede policial. Tras ese hallazgo, el equipo de gobierno de Llanes reconoció la existencia de otras dos cámaras ocultas en el edificio consistorial, la zona de Urbanismo. Pero aún había otras dos más, también en esa misma zona de Urbanismo, lo que hace un total de cinco cámaras espía en el Consistorio. Según las autoridades municipales, los aparatos sólo graban vídeo, no audio.