La villa de Arriondas se ha convertido en escenario de una auténtica «guerra» sin cuartel entre empresas de navegación turística en ríos. Con la crisis como telón de fondo, hay dos bandos abiertamente enfrentados, denuncias por ambos lados y el Ayuntamiento de Parres en el medio. Las acusaciones son graves: una de las partes achaca a la otra de presuntas actuaciones mafiosas y coacciones; la otra contraataca hablando de técnicas de «dumping», al ofrecerse precios por debajo de los costes reales del servicio. Una de las partes, la que aglutina a mayor número de negocios en el Sella, ha contratado a una empresa para que entregue propaganda con sustanciosos descuentos a las puertas de los negocios del bando acusado de tirar los precios. LA NUEVA ESPAÑA habló ayer con seis empresarios del sector. Aunque todos ellos expusieron sus diferentes visiones del conflicto, ninguno quiso que su nombre se hiciera público.

La «guerra» tiene como origen el precio de los descensos en canoas. Catorce de las diecinueve empresas que trabajan en el río Sella pactaron un precio de 25 euros por persona para esta temporada. Es el mismo desde hace varios años y muy parecido al de hace 22 años, cuando comenzó la actividad en Asturias (entonces se cobraban 3.500 pesetas por persona; esto es 21 euros). Cinco empresarios decidieron no secundar la iniciativa. Defendieron la libertad de precios y empezaron a ofrecer descensos a 15 euros por persona. El bando mayoritario contraatacó contratando a una empresa para repartir propaganda en la calle, con el objetivo de «cazar» potenciales clientes y «robárselos» a la competencia, con una agresiva política de descuentos. Tras conseguir permiso municipal, personas a sueldo de la empresa contratada por los empresarios empezaron a repartir propaganda, con bonos descuento a las puertas de los negocios del bando contrario. Ofrecían precios aún por debajo de los 15 euros, una manera de darles «su propia medicina», según un empresario de la zona, partidario de un precio único «para que el sector no se hunda».

El bando minoritario, el que defiende la libertad de precios, denunció en el Ayuntamiento las presuntas coacciones, al considerar que las personas contratadas están realizando, en realidad, transacciones económicas, pues, supuestamente, negocian el precio y toman los nombres de los turistas. El bando minoritario, integrado por empresas de reciente creación, se siente «agredido», e incluso algún empresario ha llamado a la Guardia Civil para exigir que la competencia se apartara de su puerta. No lo logró.

El bando mayoritario también esgrime sus razones: asegura que quienes tiran los precios son, precisamente, los que «trabajan únicamente del 1 de julio al 15 de septiembre» y los que «no han aportado nada para mantener y limpiar el río (una asociación del sector gastó este año varios miles de euros para eliminar obstáculos en el Sella). «Ni tienen monitores titulados, ni instalaciones adecuadas, ni se ocupan de nada. Y como no tienen gastos, tiran los precios», señaló un empresario del bando mayoritario, integrado por las empresas con más solera del sector, algunas de las cuales tienen gente asalariada todo el año. «Tiran los precios porque sólo piensan en ellos, mientras que nosotros luchamos todo el año para traer gente a la comarca, algo que cuesta mucho dinero y que lleva mucho tiempo. Los problemas son siempre con los nuevos», añadió otro de los empresarios del bando mayoritario.

Este sector subrayó asimismo que el precio pactado por la mayoría, 25 euros, está muy por debajo de los 50 o 60 euros que se cobran por descensos similares en Francia. Y supone «que hemos mantenido el precio, pese a que el IVA nos subió del 8 al 21 por ciento; o sea, que ganamos un 13 por ciento menos que el año pasado», indicó uno de los integrantes del bando mayoritario.

El alcalde de Parres, el socialista Marcos Gutiérrez, ha recibido ya cuatro denuncias, presentadas por el bando minoritario. El edil ha encargado un informe jurídico para saber si la actuación del bando que reparte propaganda es correcta o contraviene la ordenanza municipal. «La calle es pública, incluso delante del negocio vecino, pero no sabemos si entregan propaganda o realizan transacciones económicas, algo que no permite la ordenanza. Es la duda que quiero despejar», indicó el regidor, quien abogó por un acuerdo en el sector. Anunció que, si no observa un acercamiento, convocará a los dos bandos para buscar una salida- al conflicto.