Lo que parecía un caso de absentismo escolar en una niña de 12 años ha resultado ser una práctica cultural que choca con los derechos de la infancia que en Parres están dispuestos a defender. Creen que la menor, rumana y de etnia gitana, se ha ausentado del colegio porque está con la familia de su novio o quizás ya marido, una costumbre extendida entre algunos subgrupos de gitanos rumanos.
La jornada técnica de la sexta jornada intercultural organizada por el Ayuntamiento de Parres sirvió para exponer este caso, que puede ayudar a comprender otros, y para anunciar la puesta en marcha de un proyecto que implica a las administraciones regional y local para prevenir que se repita. La Consejería de Educación tiene conocimiento de treinta niñas rumanas gitanas que han faltado a sus clases, aunque en dos casos consta el traslado de centro.
En cuanto a las otras 28, aunque no hay constancia oficial, pudieran haber sido entregadas por sus propias familias a un matrimonio concertado que, a menudo, conlleva embarazos prematuros. "Entramos en una controversia importante con los derechos del menor en el ámbito educativo, pues tiene la obligación y el derecho de estar escolarizada hasta los 16 años", explicó Esperanza Calderero, trabajadora social del Ayuntamiento de Parres. El problema, añadió, está en "cómo hacer efectivos esos derechos", ya que se trata de una costumbre muy arraigada. A raíz de este caso en Parres, en el que se activó el protocolo de absentismo escolar, los servicios sociales municipales supieron, por el propio centro, que "las niñas reciben un trato discriminatorio y en ocasiones dañino" por miembros de sus propias familias.
La intervención en estos casos es muy delicada, pues la renuncia de estas familias al trato convenido puede suponerles gran presión por parte de su comunidad y la obligación de devolver la dote que la familia del novio paga. Según apuntaron algunos participantes en la jornada, puede oscilar entre los 6.000 y los 20.000 o 30.000 euros, en función de la familia y de su poder adquisitivo.
Para Calderero y para sus colegas presentes -de otros concejos y otras comunidades- han de aunarse esfuerzos "para detectar otros posibles casos" y apostar por la prevención, en una labor "a muy largo plazo para poder hacer un trabajo de mediación y cercano con las familias y los menores".
El proyecto piloto que se pondrá en marcha en Parres constará de tres áreas: la primera, de diagnóstico y estudio, que acercará a los profesionales a las familias. La segunda, de mediación intercultural e intervención familiar y, en tercer lugar, el área de mediación. "Queremos conseguir la protección de estas menores, que se garanticen sus derechos como ciudadanas", añadió.
