Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Parres respaldaron ayer una iniciativa por la cual el Consistorio procederá a la expropiación de terrenos de tres particulares, con el objeto de acelerar los trámites para acometer la obra de mejora de la traída de agua de Arriondas.
Tanto los ediles socialistas como el PP, Foro e INDEPA se mostraron de acuerdo en la urgencia de la iniciativa, si bien algunas formaciones, como los populares, criticaron al ejecutivo local por no haber adelantado estos trabajos antes de que se recrudecieran los problemas de abastecimiento. "Llevamos años diciendo que debía ir por delante de otras muchas cosas que no eran tan prioritarias", señaló el presidente del PP de Parres, José Ángel Fernández.
Por su parte, el alcalde en funciones de Parres, Emilio García Longo, que sustituye temporalmente al regidor Marcos Gutiérrez, al encontrarse éste de vacaciones, defendió la necesidad de acelerar el procedimiento. "El objetivo era decretar la urgente ocupación de terrenos y trasladarlo al Consejo de Gobierno del Principado para que lo apruebe sin demora", señaló.
El propio García Longo recordó que los trabajos ya se encuentran en período de licitación, así como que serán contratados en el mes de julio y confió en que puedan finalizarse antes de la entrada del otoño. "Lo lógico es que se realice en período estival y con la aprobación de este punto estamos dando libre disponibilidad para acometer los trabajos cuanto antes", declaró el edil socialista.
La villa de Arriondas sufrió la pasada semana varios cortes en el suministro que afectaron especialmente a los pisos más altos y que generaron alguna incomodidad y avería en algunas viviendas y negocios por la escasa presión en el suministro. No obstante, el Consistorio asegura que esos cortes no se han vuelto a repetir, aunque apremia a reparar la traída para evitar episodios similares al citado.
Por otra parte, todos los grupos municipales aprobaron por unanimidad otro punto consistente en abrir el procedimiento para solicitar un juez de paz. Se trata de un trámite habitual que tiene lugar cada cuatro años, con el objetivo de sustituir al juez cuyo mandato está a punto de expirar.
