El abogado Gerardo de la Iglesia ha solicitado en una alegación a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA que se declare la nulidad de pleno derecho de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Llanes (PGOLL), porque quebranta presuntamente las sentencias judiciales del "caso Kaype", por las que se anularon todas las licencias municipales para la ampliación de un hotel situado en primera línea de la playa de Barru.

De la Iglesia, que presenta la alegación en nombre y representación de Ignacio Fernández, el vecino de Barru cuyos recursos lograron tumbar las licencias del Kaype, arguye que el PGOLL incluye las tres parcelas afectadas por las obras del Kaype como suelo urbano consolidado, cuando las sentencias judiciales firmes sobre este asunto aclaran que sólo una tiene esa condición urbanística, mientras que las otras dos son suelos urbanos no consolidados, siendo precisamente esta una de las razones por las que los jueces anularon las licencias que concedió el Ayuntamiento.

El letrado pide al equipo de gobierno de Llanes que declare nula la aprobación inicial para evitar "innecesarios pleitos en vía jurisdiccional contencioso-administrativa, que no se desean y que a nadie interesan". De la Iglesia destaca que las sentencias del "caso Kaype" no sólo han señalado que los suelos afectados son urbanos no consolidados, sino que, además, declararon nula la agrupación de fincas que permitió iniciar las obras, paralizadas desde el pasado mes de octubre por orden judicial, aunque prácticamente finalizadas. Pese a ello, el PGOLL incluye las fincas del "caso Kaype" como suelos urbanos consolidados, lo que contraviene la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y, consecuentemente, vicia al PGOLL de nulidad de pleno derecho.

De la Iglesia destaca que esa ley señala textualmente que serán "nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento". Apuntala sus argumentos con una sentencia del Tribunal Supremo del año 2011 sobre un caso similar acaecido en Colunga, con la polémica nave Pacoli, que el Ayuntamiento intentó legalizar mediante un plan especial, pese a que había sido declarada ilegal porque se levantó en suelo no urbanizable de interés agrario. Aquel plan especial fue declarado nulo de pleno derecho y la nave de Pacoli está pendiente de ser derribada.