O los consumidores están comiendo carne contagiada de tuberculosis o a los ganaderos les están "asesinando" vacas sanas. Ésta es la disyuntiva que plantea Gaspar Luis Costales, ganadero de la localidad colunguesa de Loroñe, ante la gestión que hace el Principado de la tuberculosis bovina.

Cuando los veterinarios enviados por la Consejería de Agroganadería a realizar el saneamiento a las vacas "marcan" una como sospechosa a la primera prueba que le realizan -la inyección de tuberculina en el cuello- ese animal será sacrificado. "Van a la cadena humana y luego realizan un cultivo del que no tienen resultado hasta tres meses después, cuando la vaca ya se consumió", denuncia Costales, quien está seguro de que la mayor parte de estos supuestos casos de tuberculosis no son tales. Ahí entra la segunda parte, la del sacrificio por orden de la Administración de vacas sanas por las que, denuncia el colungués, no tienen "respeto ninguno". El ganadero encuentra intereses en esta gestión de la enfermedad, pues estos animales se pagan en el matadero a un euro en lugar de al precio de mercado. Por si fuera poco, existe otra prueba, la del "gamma interferón", que da positivo o negativo casi de forma aleatoria "y por eso no la quieren hacer más de una vez", lamenta Costales, antes de añadir que la Administración tampoco permite que los ganaderos paguen de su bolsillo análisis de otros laboratorios y sólo consideran válidos los suyos. Esto ha sucedido en las últimas campañas de saneamiento como las que desde 2012 han llevado al colungués a reducir su cabaña de las ciento cincuenta vacas que tenía entonces a las poco más de sesenta que tiene ahora.

Y aún hay más, porque recientemente ha recibido una carta en la que se le indica que pese a haber obtenido la carta verde en el último saneamiento, el de septiembre pasado, cada vez que quiera vender una vaca para vida tendrá que sanearla de nuevo, pero no lo tendrá que hacer si el animal va para el matadero. "¿Por qué no hizo falta sanear las que vendí antes de que me llegara la carta ni las que van para el matadero?", se pregunta Costales, antes de reflexionar si lo que se busca es el bienestar animal y la seguridad alimentaria o las complicaciones al ganadero.

En la primera notificación que recibió la Consejería de Agroganadería notificaba qué se tendría que hacer con todos los animales, salvo aquellos menores de seis semanas, aunque tras las protestas, incluida la suya, aumentaron la excepción a los menores de seis meses. "¿Es que si la madre estaba enferma no lo van a estar los hijos?" continúa cuestionándose Costales sin hallar, de momento, respuesta alguna.