El Ayuntamiento de Piloña ha dado luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza municipal para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de determinados servicios en el término municipal, en la cual se sustituye la necesidad de tener concedida la licencia de apertura para iniciar una actividad comercial por la figura de la declaración responsable con el objetivo de aligerar trámites.
Este cambio no afectará a todo tipo de negocios, sino sólo a los pequeños comercios que desarrollan actividades consideradas como no molestas y que no superen los 750 metros cuadrados de superficie, entre los cuales se encuentran también servicios profesionales como despachos de abogados o asesorías, entre otros. Además, a partir de ahora los cambios de titularidad y los ceses de actividad deberán ir acompañados de una comunicación previa, mientras que la declaración responsable se utilizará para la implantación o modificación de actividades de comercio minorista, todo ello con el objetivo de evitar la demora en las aperturas provocadas por la espera de una resolución de los servicios técnicos municipales respecto a las solicitudes de licencia.
La nueva ordenanza recibió el voto favorable de los tres grupos municipales de Piloña (PSOE, PP y VIP), si bien cada formación tuvo diferentes visiones. Los socialistas, que ostentan el gobierno con mayoría absoluta, defendieron la medida como un compromiso electoral que quisieron llevar al primer pleno "en vista a la importancia que tiene", según palabras del propio alcalde, Iván Allende, mientras que la portavoz popular, Teresa González, recordó que esta iniciativa es sólo "la adaptación municipal de las medidas del gobierno central" y el independiente José Antonio Méndez pidió que la ordenanza vaya acompañada de "rebajas fiscales de todas las administraciones para el pequeño comercio".
Por otra parte, socialistas y populares votaron a favor de prorrogar durante los próximos cinco años la autorización para la ocupación de terrenos del monte de utilidad pública de Sevares y Candanín, en los cuales se ubica una cantera desde hace varias décadas. El PSOE defendió que la explotación cumple todos los trámites y condiciones ambientales exigidos por la Consejería, pero VIP votó en contra, alegando que la empresa no contaba con la pertinente licencia de actividad cuando se tramitó el expediente de la autorización.
