Llanes anula la licencia de obras del Kaype y la propiedad intenta legalizar el edificio

El Ayuntamiento pregunta al Juzgado si la unidad de actuación que plantea la promotora se ajusta a las sentencias que dejaron sin efecto los permisos municipales

19.08.2015 | 05:17
El nuevo edificio del hotel Kaype, en Barru (Llanes).

El Ayuntamiento de Llanes ha anulado la licencia de obras para la reforma y ampliación del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru, concedida por el anterior equipo de gobierno socialista en 2013 y declarada nula por los tribunales de justicia hace el pasado mes de marzo. La anulación del permiso de obras se une al de la agrupación de fincas, declarado también nulo por los jueces en febrero. De esta forma, el nuevo edificio del Kaype, prácticamente concluido y cuyas obras paralizó una juez el pasado mes de octubre, se queda sin amparo legal. La propiedad ya ha reaccionado, al solicitar la tramitación de una unidad de actuación para intentar legalizar el equipamiento turístico.

El equipo de gobierno llanisco, que integran Foro, Vecinos X Llanes, PP e IU, ha trasladado la petición de la promotora al Juzgado, con la pretensión de que los magistrados señalen si se ajusta a las sentencias que anularon los permisos municipales.

La propiedad pretende ahora hacer frente mediante esa unidad de actuación a las cesiones obligatorias al Ayuntamiento y cumplir así con la distribución de beneficios y cargas de la urbanización. Si en su día no hubo ni cesiones ni distribución de beneficios y cargas fue porque los anteriores dirigentes municipales (con el aval de varios informes jurídicos y técnicos) consideraron que las obras se desarrollaban en su totalidad en suelos urbanos consolidados, y no en parte en suelos urbanos no consolidados, como defendieron los denunciantes (dos particulares de Barru y la agrupación AVALL) y como han señalado finalmente los jueces.

Concluida la discusión en sede judicial sobre la pertinencia de las licencias municipales, y una vez sentenciado por los jueces que fueron ilegales, las partes implicadas en este conflicto entran ahora en una nueva fase de discusión: establecer si el edificio construido es o no legalizable.

La concejala de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, Marián García, destacó que la premisa a la hora de abordar este asunto es "el cumplimiento estricto de la Ley", por lo que dará cuenta de todas las actuaciones al Juzgado, con la pretensión de que sean los Tribunales de Justicia los que se pronuncien sobre la legalidad o ilegalidad de las mismas.

La concejala quiso ayer "aclarar cualquier duda", al subrayar que "en ningún momento" el equipo de Gobierno se ha planteado "legalizar situaciones irregulares urbanísticas" con un futuro Plan General de Ordenación. Los dirigentes locales pretenden respetar "los derechos de todos los particulares afectados". Según García, serán los tribunales de justicia los que, "en definitiva, deberán pronunciarse".

El cuatripartito llanisco ha tomado otra decisión más en relación con el "caso Kaype": relevar en la representación y defensa jurídica del Ayuntamiento en el juicio al bufete de abogados privados contratados por el anterior Gobierno municipal socialista y sustituirlo por el letrado municipal, según García, "por razones de confianza, por razones económicas y por razones de coordinación con los servicios técnicos y jurídicos municipales".

El Gobierno de Llanes está ahora pendiente del informe jurídico que permita debatir en el próximo pleno municipal, a celebrar en septiembre, una moción para desistir del actual Plan General de Ordenación. Así, según García, se tendrá en cuenta "el elevado número de alegaciones recibidas durante el período de información pública", que a su juicio recogen "el rechazo de los llaniscos a la norma urbanística" y la "oposición" de los segundos residentes, "que ya forman parte de la sociedad del concejo".

Marián García aseguró que el equipo de gobierno apuesta "abiertamente" por un nuevo plan general, cuyo protagonismo recaerá en "la participación ciudadana". Los servicios jurídicos municipales y el equipo de Gobierno elaborarán un reglamento para "canalizar la participación institucional" a través de los concejos públicos, las juntas vecinales y los alcaldes de barrio, que serán elegidos, "a partir de ahora, democráticamente", añadió.

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