El Principado tilda de infracción urbanística grave la antena de telefonía de La Isla

La Coordinadora Ecoloxista reclama la dimisión del alcalde de Colunga, Rogelio Pando

24.08.2015 | 05:24

El Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado ha calificado de "infracción urbanística grave" la antena de telefonía móvil adosada al centro social "Les Escuelines", en La Isla (Colunga. La instalación, colocada con la "complicidad" del alcalde de Colunga, el socialista Rogelio Pando, había sido denunciada por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies.

El colectivo asegura que ha comprobado la existencia de numerosas irregularidades, presuntamente, "cometidas por el Ayuntamiento de forma intencionada". Entre ellas, la ocupación de un bien de dominio público municipal sin autorización o concesión. Además, el área afectada está dentro de la zona de servidumbre de protección marítima terrestre, por lo que precisa de autorización regional.

La antena tampoco dispone de la preceptiva autorización para el uso y ocupación de terrenos ubicados dentro de la servidumbre de protección de la ley de Costas.

Hay más: la finca donde está instalada la antena de telefonía móvil se ubica dentro de una unidad de actuación, en un área sin desarrollar, por lo que "no cabe una actividad en esa zona porque condiciona la ordenación", indican los ecologistas. Al tratarse de suelo urbano no consolidado, no pueden otorgarse licencias municipales, en tanto los terrenos no adquieran la condición de solar, según la legislación autonómica asturiana.

Según los denunciantes, el Ayuntamiento está obligado a tramitar una licencia urbanística y, según las normas regionales, debe acompañarse al proyecto de las autorizaciones o informes sectoriales preceptivos de otras administraciones y entidades afectadas. La antena carece de licencia urbanística municipal, pero la Alcaldía de Colunga tampoco ha adoptado las medidas sancionadoras y de restauración de la legalidad urbanística que exige la legislación vigente.

La Coordinadora considera "evidente" que en el Ayuntamiento de Colunga, "de forma intencionada y contando con informes en contra de los técnicos municipales", autorizo la instalación, lo que supone "un delito urbanístico y presuntamente otro de prevaricación tipificado en el código penal, del que el Alcalde tendrá que dar explicaciones". Los ecologistas creen que el regidor debería dimitir.

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