Llanes, un "culebrón" urbanístico sin fin

La decisión de tumbar el Plan General impulsado por el PSOE obliga al gobierno local a iniciar, una vez más desde cero, la tramitación de un nuevo documento

20.09.2015 | 04:07
Llanes, un "culebrón" urbanístico sin fin

Volver a empezar. No queda otra. La reciente decisión del actual gobierno de tumbar el Plan General de Ordenación de Llanes (PGOLL), que había impulsado en solitario el PSOE, obliga a iniciar una vez más desde cero, la redacción de un planeamiento urbanístico municipal. Porque los tres anteriores al ahora desestimado, a la vista de sus irregularidades e ilegalidades, fueron anulados por los tribunales de justicia, así que el concejo carece en la actualidad -y así suma ya cuatro años- de una normativa propia, lo que obliga a aplicar las denominadas normas de aplicación directa, estatales y autonómicas, que restringen severamente la libertad de acción de las autoridades llaniscas.

Porque esas normas directas, no solo determinan qué es suelo urbano y qué suelo no urbanizable en aquellos municipios que carecen de normativa propia, sino que establecen que el Ayuntamiento únicamente puede otorgar licencias sobre terrenos urbanos, mientras que los permisos en el resto del concejo, incluidos los núcleos rurales (un caso particular del suelo no urbanizable), corresponde a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Lo que las normas directas no contemplan son los suelos urbanizables, que fue en los que los anteriores planeamientos llaniscos centraron la mayor parte del crecimiento urbanístico.

En estas condiciones, ¿se puede construir ahora mismo en Llanes? Sí, pero únicamente en suelos urbanos y en algunas zonas de los núcleos rurales, pues, por ejemplo, en los bordes de los mismos o en los pueblos dispersos hay serias dudas jurídicas sobre su delimitación concreta, que no aparece recogida en ningún documento legal vigente.

Otra consecuencia de todo este embrollo es que buena parte de lo que se ha construido en el concejo en los últimos treinta años está en situación "alegal"; esto es, carece de soporte jurídico. Y, según todos los expertos consultados, no todo podrá ser legalizado. Más aún: existen propiedades en Llanes cuyo valor resulta muy difícil de calcular, precisamente por esa ausencia de soporte legal y por las dudas sobre su futuro, lo que está entorpeciendo, por ejemplo, algunos cálculos para el reparto de herencias.

El cuatripartito que gobierna el concejo desde el pasado 13 de junio, que integran Foro, Vecinos x Llanes, PP e IU, ha prometido que elaborará un nuevo documento consensuado con los vecinos. Para ello convocará conceyos públicos y reuniones vecinales, en los que los interesados podrán expresar su visión y sus aspiraciones sobre el futuro urbanístico de sus propiedades y la ordenación territorial de su pueblo y del concejo.

Con las sugerencias de los ciudadanos y las directrices del gobierno local, el equipo redactor, que con toda seguridad será en esta ocasión ajeno al Ayuntamiento y elegido mediante un concurso público, elaborará el documento de prioridades, que incluye las líneas maestras sobre las que girará la ordenación del territorio municipal durante los próximos diez o quince años.

Una vez que el documento de prioridades reciba "luz verde" en sesión plenaria, saldrá a información pública para la presentación de sugerencias. Con las modificaciones que imponga la asunción de algunas de las propuestas vecinales, el equipo redactor elaborará el documento de aprobación inicial, que tras ser refrendado en sesión plenaria, se expondrá también al público, aunque en este caso para recoger alegaciones, que han de ser contestadas de forma individualizada y razonada por los redactores.

A partir de ahí se elaborará el documento de aprobación provisional, que ha de ser refrendado por los munícipes y, a continuación, remitido a la CUOTA, organismo que tendrá la última palabra sobre el planeamiento llanisco, pues le corresponde la aprobación definitiva y, una vez que el equipo redactor presente el documento final, la ratificación de la misma.

¿Cuánto tiempo dura esa larga tramitación? Lo habitual es que sean cuatro o cinco años, aunque hay casos, como Llanes, Colunga o Ribadesella, sin ir más lejos, en los que se ha tardado más del doble. No obstante, hay también casos en los que la tramitación de un plan general ha sumado poco más de dos años.

Aunque el origen del "culebrón" urbanístico de Llanes se sitúa en los años ochenta, cuando el Gobierno del Principado, en manos del PSOE, retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Llanes, entonces en manos de la derecha, y rechazó su propuesta urbanística, al considerar que no satisfacía la "vocación turística" del concejo, los más negros presagios para el urbanismo local se hicieron realidad muchos años más tarde: el 4 de enero de 2011, cuando el Tribunal Supremo ratificó la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el gobierno socialista local había aprobado ocho años antes. Porque si bien antes ya se habían anulado otros dos planeamientos municipales, a los dirigentes socialistas, remienda que remienda -y en una ocasión con la ayuda de un abogado que no presentó a tiempo la petición para ejecutar la sentencia-, les había dado tiempo en ambas ocasiones a aprobar el siguiente documento.

Esta vez, no. Esta vez los pilló el toro. Pese a que ya han pasado desde entonces cuatro años y ocho meses y a que el PSOE disfrutó de una cómoda mayoría absoluta en el Ayuntamiento hasta el pasado mes de junio, los dirigentes locales fueron incapaces de aprobar otro planeamiento. Entre otras razones, porque hubo un "plan nonato", el que comenzó a redactarse en 2009, que tuvo que ser desechado tras anular los jueces el concurso por el que se adjudicó su redacción: los dirigentes socialistas no concedieron la redacción a quienes habían presentado la mejor oferta, que tuvieron que ser indemnizadas (los adjudicatarios, pese a la ilegalidad del concurso, también cobraron antes de dejar los bártulos y un documento a medio hacer).

El primer planeamiento propio que tuvo Llanes fue el plan de extensión, de 1970, que como su "hermano menor", la delimitación de los núcleos del concejo, de 1976, fue suspendido en 1986 por el Principado, al considerarlo "obsoleto" y alejado de la realidad urbanística del concejo.

La derecha llanisca redactó en 1985 unas normas subsidiarias de planeamiento, que ese mismo año fueron desechadas por las autoridades socialistas autonómicas. La razón esgrimida fue que el documento no se adecuaba a la realidad urbanística del concejo y a su "vocación turística". En una maniobra que la derecha calificó de "política" y "sectaria", el Principado aprovechó para retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento e inició la elaboración un nuevo planeamiento: las normas subsidiarias de 1986 y fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en 1993, porque no se publicaron íntegramente en ningún boletín oficial.

Después llegó la revisión de las normas subsidiarias de 1986, aprobada, después de una polémica sin precedentes en Asturias, en 1992 y anulada por el TSJA (1997) y el Supremo (2002), al observar los jueces, entre otras irregularidades, que el Ayuntamiento sólo llamó a participar en el documento de prioridades a "inversores reales y comprometidos", en lugar de a toda la ciudadanía, como exige la ley. Por los pelos, el Ayuntamiento logró aprobar ese mismo año el PGOU, anulado también por el TSJA (2007) y el Supremo (2011) por múltiples irregularidades; por ejemplo, que el Ayuntamiento incorporó al planeamiento varios planes parciales, entre ellos el de La Talá, a espaldas de los ciudadanos, una vez cerrado el trámite de información pública.

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