El estado de los derechos humanos en el Ejército fueron sacados ayer a colación en Cangas de Onís de la mano del exteniente Luis Gonzalo Segura. El madrileño, que denunció a través de un par de libros la corrupción existente en las Fuerzas Armadas, lamentó en un coloquio organizado por Podemos la precariedad laboral de los soldados de tropa. "Son los únicos que pueden estar 27 años contratados por la administración pública mediante contratos temporales para luego ser expulsados en la madurez, cuando más cuesta encontrar trabajo. Eso no pasa en otros ministerios, sólo en el de Defensa", apuntó ante el medio centenar de asistentes que se congregaron en la casa de cultura canguesa.
El exteniente también denunció el trato vejatorio que en muchas ocasiones sufren las mujeres y los homosexuales en el Ejército.
Segura matizó que no se arrepiente "para nada" de haber denunciado la supuesta corrupción del Ejército, del que fue expulsado en verano, según explica, por hacer manifestaciones contrarias a la disciplina. Ahora pelea en los tribunales por su readmisión. "Creí necesario que la ciudadanía tuviera conocimiento de temas como el tráfico de armas y que la industria armamentística se multiplicó por 44 en los últimos 14 años", puntualizó.
El ponente aseguró que la justicia militar "no es independiente ni imparcial en España" y pidió tomar como referencia otros modelos como el alemán, donde todos son juzgados por la justicia ordinaria. A su modo de ver, el nuevo fichaje de Podemos, el exjefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez "es un acierto y corrobora la denuncia que llevo años haciendo de que algo no funciona bien y de que es necesario un cambio y democratizar las Fuerzas Armadas". En su opinión, esta falta de democracia se hace patente con el ejemplo de los vídeos de militares españoles dando una paliza a un prisionero iraquí, "que fueron exonerados de culpas alegando que podía ser un terrorista, esto roza el delirio y no se puede permitir".
En cuanto a la situación de los soldados, denunció el escaso salario recibido. "Cobran 800 euros por jugarse la vida en conflictos de países de los que desconocen su cultura. No le puedes poner un fusil a cualquiera en la mano. Hay que formarles y exigirles más, pero también pagarles mejor", dijo, a la par que denunció la precariedad por culpa de los recortes económicos. Como ejemplo puso que de los últimos 11 expertos en explosivos fallecidos, 10 de ellos lo hicieron por manejar minas propias en mal estado. "Lo mismo ocurre con los accidentes aéreos: la negligencia y los recortes matan más militares y son más peligrosos que el enemigo", concluyó.
