Ponga solicitará una auditoría a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. El equipo de gobierno local socialista, con el voto a favor del PP, acordó ayer en un pleno extraordinario "tirar de la manta" para sacar a la luz el estado real de las cuentas del concejo entre 2007 y junio de 2015. La presunta existencia de facturas injustificadas o pagadas sin pasar por registro, de expedientes incompletos, de compra de fincas sin criterio o de contrataciones irregulares en la época en que gobernaron los foristas Cándido Vega y Mercedes Traviesa fueron algunos de los motivos que la alcaldesa, Marta María Alonso, esgrimió para defender la solicitud. El equipo de gobierno no descarta iniciar procesos judiciales al respecto. La propuesta contó con la abstención de los ediles casquistas, que defendieron que la auditoría debía remontarse a 2003.

"Cuando entramos no hace ni cinco meses no teníamos ni secretaria-interventora. Nadie del equipo de gobierno anterior nos dio explicaciones de cómo estaba la situación, de lo que estaba pendiente o no", lamentó la Alcaldesa. Alonso cifró en más de 113.500 euros las facturas que están sin pagar sólo en los primeros seis meses de 2015, y en alrededor de 1.700.000 euros la deuda total acumulada en los últimos años por el pago a proveedores, a lo que hay que sumar el pago aplazado a la Seguridad Social.

Entre los ejemplos que la regidora considera más sangrantes por la falta de expedientes citó el del juicio contra el exalcalde Cándido Vega, por el cual fue inhabilitado durante siete años. "No hay constancia del proceso en sí; sólo en Contabilidad, donde figuran las órdenes de pago de las minutas de los abogados, comidas y transporte en taxi para vecinos que fueron a los juicios. Y eso que había un acuerdo plenario y reparos de Intervención, en los que se especifica que el Ayuntamiento no podía hacerse cargo de este tipo de gastos", reprochó Alonso. La regidora calificó de "grave" que no haya constancia de los trámites realizados en torno al plan general de ordenación desde el año 2009. Más acusaciones: se realizaron obras sin los pertinentes trámites administrativos previos, como la realización de proyectos, petición de permisos a las administraciones competentes o procesos de adjudicación de la obra. Como ejemplos pusieron la bolera de Vibuli, "donde se invirtieron 100.000 euros y ya no es que no haya expediente al respecto, es que ni tan siquiera está la bolera" o las obras de la traída de agua de Sellañu, que carece incluso de memoria.

La compra de fincas sin criterio técnico con el consiguiente gasto extra en notarías, la devolución de subvenciones por valor de más de 16.000 euros por la contratación de personas que no cumplían los requisitos recogidos en las bases , las facturas telefónicas de 14.000 euros de Cándido Vega o las dietas por valor de 70.000 euros en kilometrajes y comidas en restaurantes de alto standing -hubo meses de más de 4.000 euros en dietas- sin justificar fueron otros reproches del actual gobierno. Durante el pleno, que acabó entre aplausos de los asistentes, se acordó además prorrogar "por responsabilidad y para poder avanzar" el presupuesto de 2015, con los votos en contra de los foristas.