El equipo de gobierno de Ponga -formado por PSOE y el PP- anunció ayer su intención de llevar al Juzgado al el exalcalde, Cándido Vega, inhabilitado por una condena a siete años de inhabilitación. Los actuales gobernantes ponguetos ha decidido dar un paso al frente en la investigación de los supuestos saqueos a las arcas públicas que Vega ejecutó durante sus años de mandato -de 2007 a 2012- acudiendo a la vía judicial, un hecho que se suma al acuerdo alcanzado en pleno el pasado viernes (con la abstención de Foro) para solicitar una auditoría a la Sindicatura de Cuentas del Principado entre 2007 y junio de 2015. "Tanto por las pruebas que se ofrecieron en el pleno como por la aceptación pública y manifiesta de los hechos por su parte, nos vemos en la obligación de tomar medidas legales", explicó la segunda teniente de alcalde, la socialista Luisa Crespo.

Durante el pleno, al que acudió por seguridad la Guardia Civil, la alcaldesa Marta María Alonso puso a disposición de los presentes documentación que supuestamente probaría irregularidades en la gestión de Vega: desde las facturas de taxis y comidas de vecinos que fueron a testificar a su favor en el juicio en el que lo inhabilitaron, pasando por la factura de teléfono de una empresa del exalcalde domiciliada al Ayuntamiento u otras pagadas sin pasar por registro, hasta la compra de fincas sin justificar, contrataciones de personal irregulares o dietas mensuales superiores a los 4.000 euros. Vega se defendió de las acusaciones y aseguró estar tranquilo. "Hice las cosas por el pueblo de Ponga y jamás me llevé un duro. Contestaré con todos los documentos que tengo en mi poder", dijo el exregidor, que sí reconoció posibles problemas burocráticos con el papeleo, que achacó a la presencia en el Consistorio durante sus mandatos de "cuatro o cinco secretarios eventuales que no estaban muy preparados"

"Estoy de acuerdo en que con cada factura debió ir un expediente, pero si no se hizo fue por un problema del secretario, no nuestro", contó Vega, que justificó la compra de fincas para "facilitar los aparcamientos y la circulación en los pueblos" y las dietas en kilometraje asegurando que cuando era alcalde recorría 3.000 kilómetros al mes.