El Ayuntamiento de Llanes no podrá pagar los 226.500 euros que cuesta el local del "caso Feve" hasta abril de 2016 por "falta de liquidez". Así se recoge en un informe elaborado por el abogado consistorial, Avelino Cimadevilla Menéndez, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. "No se vislumbra otra opción mejor que la compra del local", señala el letrado en el informe, fechado el 30 de noviembre pasado y elaborado tras reunirse todas las partes implicadas en el "caso Feve" y los servicios técnicos y jurídicos municipales.
La compra del bajo comercial que el Ayuntamiento de Llanes adeuda a la empresa pública Adif desde 2008 no podrá cerrarse hasta dentro de cuatro meses. El letrado consistorial hace referencia a un "informe verbal" de Intervención, en el que se reconoce que "por razones de liquidez no será posible afrontar el pago" del bajo del edificio de viviendas de protección autonómica situado en las inmediaciones de las estación de Feve de Llanes "hasta el 1 de abril de 2016".
Este periódico intentó sin éxito hablar durante las últimas 48 horas con el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, para saber el porqué de esa falta de liquidez. En principio todo indica que la fecha del 1 de abril de 2016 tiene que ver con la aprobación del Presupuesto municipal para ese año, que tiene como fecha límite el 31 de marzo. Sólo cuando se apruebe el presupuesto del año próximo podrá habilitarse una partida para afrontar el pago de los 226.500 euros que le costará al Ayuntamiento el bajo del "caso Feve". El organismo municipal debe ceder ese local a Adif porque la compañía ferroviaria (antes Feve) cedió en 2006 el terreno sobre el que se asienta el edificio de viviendas protegidas donde su ubica el bajo. El convenio que en su día firmaron la entonces alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, y la en aquel momento era ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, establecía que Adif cedería el terreno para construir el edificio de viviendas protegidas a cambio de un local de 496,86 metros cuadrados, valorado en 596.230,08 euros. La entrega del local debió formalizarse en 2008, pero, en realidad, ni siquiera se indicó en la inscripción registral la carga que pesaba sobre el local (la cesión a Adif), por lo que, tras varias compraventas entre empresas, varias de ellas hoy insolventes, el bajo acabó embargado por el Gobierno del Principado a causa de una deuda tributaria de 88,122,70 euros.
El informe del abogado consistorial llanisco desvela que el 31 de julio pasado se celebró en el Ayuntamiento una reunión en la que participaron, además de él mismo, representantes de la empresa Invercity Costablanca SL, actual titular del local; el abogado Alberto Aldamunde, contratado por el anterior gobierno socialista para analizar el "caso Feve"; un representante de los servicios tributarios del Principado; el vicesecretario interventor, el Alcalde y la concejala de Patrimonio, Marián García. Estuvieron de acuerdo en la "notoria insolvencia" de la primera empresa titular del local, Construmart, "lo que cierra prácticamente todas las posibilidades de éxito en la vía judicial". Esta conclusión llevó a todas las partes aceptar que la compra del local por el Ayuntamiento era la única salida posible.
