Los sucesivos contratos para la concesión y unificación de los servicios municipales de abastecimiento de agua y saneamiento aprobados por el Ayuntamiento de Llanes entre 1988 y 2009 son "ilegales", contienen cláusulas "nulas", son "contrarios a la equidad" que debe presidir la licitación pública, adolecen de una "absoluta falta de transparencia", supusieron "una violación de los principios de igualdad de trato" e incluso algunas actuaciones concretas "pueden lindar con actividades delictivas". Son algunas de las conclusiones de un informe pericial al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, elaborado por encargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Avilés, con motivo del "caso Aquagest", que salpica a políticos y empresarios.
En un trabajo que ocupa 32 folios, el perito critica con dureza la actuación de los dirigentes políticos llaniscos y cuestiona la de algunos funcionarios municipales, que no advirtieron a aquellos de las flagrantes irregularidades que se estaban cometiendo.
El investigador concluye que buena parte de las decisiones de las autoridades llaniscas favorecieron a la empresa adjudicataria del servicio -incluso permitieron que tuviera "beneficios extraordinarios-, en vez de perseguir el abaratamiento de las tarifas. Los gobernantes llaniscos nunca analizaron si las propuestas de la empresa adjudicataria eran beneficiosas para el interés público, añade el perito, que califica de "extrañas" y "de dudosa legalidad" numerosas modificaciones de los contratos aprobadas por los anteriores gobiernos locales.
El perito subraya que el Ayuntamiento no aportó al Juzgado toda la documentación que forma parte del expediente. Critica la "imprecisión" del pliego de condiciones aprobado en 1988 para la adjudicación del servicio y considera "nula" una cláusula que dejaba la puerta abierta a adjudicar directamente -como así ocurrió en 1999¬- la gestión del saneamiento. Hubo además deficiencias en las cláusulas referidas a la apertura de las ofertas y a los criterios de adjudicación (no existieron en realidad), lo que pudo interferir "en la transparencia y objetividad del procedimiento"; esto es, las autoridades pudieron adjudicar el servicio al margen de la equidad que exige la ley.
Irregularidades
Pero hubo muchas más irregularidades. Por ejemplo, una negociación posterior a la apertura de las ofertas, no prevista en el concurso, que implicó, según el perito, "una absoluta falta de transparencia", dado que se desconocen "las ofertas presentadas por cada licitador, que no se abren en acto público, ni (se) aportan ni se reflejan en acta". Todo ello conduce a que los compromisos finalmente pactados, el 19 de mayo de 1989, fueran distintos a los incluidos en los pliegos.
Una de las condiciones para la adjudicación fue que la empresa tuviera, como mínimo, una experiencia de cinco años en servicios análogos y que gestionase servicios de agua a municipios cuyo número de abonados fuera, al menos, cinco veces el de Llanes. El servicio se adjudicó a Aguas del Norte SA, que cumplía ese requisito; de hecho fue "la razón determinante" de la adjudicación, resalta el perito. Pero poco tiempo después comenzó a gestionar el servicio Asturagua, que se había constituido en julio de 1988 y que, por lo tanto, no cumplía las exigencias. Más aún: no consta en el expediente la escritura de concesión a Asturagua, ni la formalización de una subrogación, destaca el investigador.
El expediente tampoco incluye el contrato de gestión, luego no hay previsiones de ingresos, ni de gastos, ni el margen de beneficio del adjudicatario, ni estimación de consumos, dice el perito.
El Ayuntamiento modificó el contrato varias veces, siempre a petición de la adjudicataria, sin estudios que determinaran si las demandas eran favorables al interés público. Hubo asimismo "alteraciones sustanciales" del contrato que supusieron obstáculos "a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación de las administraciones públicas".
El perito juzga ilegales las ampliaciones del contrato, primero por 15 años (en 1998) y después por 25 (en 2009). Y cree que el hecho de que la empresa haya pagado dinero al Ayuntamiento a cambio de esas ampliaciones (192 millones de pesetas en 1998 y 2 millones de euros, además de obras por valor de otros 2 en 2009) pudieron haber supuesto "primas de prórroga", que van "en contra de la esencia de la licitación pública", que pueden "lindar con actividades delictivas" y que "alteran los principios de la libre concurrencia y adjudicación objetiva de los contratos públicos". El perito critica que los informes de los servicios técnicos municipales no hubieran advertido de la "imposibilidad legal" de aceptar esos pagos, y que las obras adjudicadas a dedo y pagadas por Aquagest (que absorbió a Asturagua en 2009) no fueran supervisadas por el Ayuntamiento, a fin de determinar, por ejemplo, la calidad del proyecto o si hubiera resultado mejor para el interés común una licitación pública.
El perito considera asimismo ilegal la adjudicación directa a Asturagua del servicio de saneamiento (1999) y la unificación de este con el del agua (2009).
